Los ministros Bullrich y Cúneo Libarona presentaron hoy el proyecto que enviarán al Congreso. Hasta ahora, el régimen penal juvenil se aplica entre los 16 y 18 años.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticiparon en una conferencia de prensa la reforma que la administración libertaria de Javier Milei enviará al Congreso para combatir el delito por parte de menores de edad.

Técnicamente se llama “Régimen Penal Juvenil”.

Indica cuál es la pena de imputabilidad y establece una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo al delito cometido.

Detalla que los menores de entre 13 y 18 que delinquen pueden ser privados de la libertad en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo” y que se debe comunicar a sus padres de la imputación y los actos procesales.

De esta forma, se determinó oficialmente el proyecto de bajar tres años el piso de la imputabilidad, que hoy es desde los 16 años, a los 13.

Si se impone condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, como “asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes”.

En cuanto a las penas, serán de 3 a 6 años de prisión “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no registrare otros procesos o condenas”.

La pena podrá reemplazarse por amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, de concurrir a determinados lugares (como establecimientos de espectáculos o deportivos), prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad o monitoreo electrónico.

La pena máxima que podrán recibir los imputados será de 20 años .

Al cumplir 2/3 de la condena, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas. Ante el incumplimiento, se sustituirá por una más severa.