Los 35 detenidos durante la protesta por el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso tiene prisión preventiva dictada por la justicia. Las acusaciones son por daños, estragos, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones –de ocho policías federales y cuatro gendarmes– e intimidación pública y tentativa de robo. Pero también, el fiscal Carlos Stornelli blandió al figura de atentado al orden constitucional y la vida democrática.

Hubo arrestados por la Policía de la Ciudad y otras aprehendidas por efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia federal.

Por otra parte, familiares de los arrestados dieron a conocer diversas situaciones del momento en que fueron detenidos. Una de ellas, narró que su hermano salía del subte cuando fue abordado por efectivos de la policía de la Ciudad y demorado. "Tenía el auto en Congreso y estaba preocupado, así que fue a ver si le había pasado algo", explicó. Otro hablan de infiltrados. 

Los demorados son: Martín Dirroco, Mateo Dettorre, Germán Moyano, Gonzalo Duró, Juan Spinetto, Julia Oliva, Sofía Ottogali, Sasha Lyardej, Héctor Mallea, Fernando Leone, Cristian Ferreira, Juan Colombo, María de la Paz Cerruti, Diego Iturburu, Ricardo Shariff, Lucía Puglia, Ramón Méndez Palacios y Ramona Tocaba, todos ellos sin antecedentes penales en los registros oficiales.

Las fuerzas federales arrestaron a 13 personas durante la concentración en el Congreso, según consta en la orden de servicio 1942/2024, son Nora Longo, Belén Yanina Ocampo, Mía Pilar Ocampo, Matías Lionel Ramírez, Ramón Ocampo, Facundo Gómez, Roberto María de la Cruz Gómez, Gabriel Horacio Famulari, Brian Ortiz, Santiago Lautaro Adano, David Sica, Dylan Gómez y Lucas Ezequiel Bálsamo.

Desde el PO, emitieron un comunicado de prensa que señala: "Contrariamente a lo que afirmó el comunicado de la Oficina de la Presidencia, más que un intento de golpe de estado lo que existió fue un operativo de salvataje del gobierno, que se llevó adelante tanto dentro como fuera del recinto del Senado para evitar la caída de la ley de Bases que hubiera aparejado un mayor debilitamiento de la camarilla reaccionaria de Milei".

El diario Página 12, en tanto, publicó varias entrevistas al abogado de derechos Humanos.

Para la abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la imputación de Stornelli es simplemente un “delirio”. Para su colega Martín Alderete, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), hay un patrón que se extiende desde el macrismo –cuando Bullrich estaba en el Ministerio de Seguridad. “Lo preocupante –y que se viene dando en situaciones de detenciones en medio de reclamos sociales– son las acusaciones generales. Hay detenciones arbitrarias y la acusación se construye en función de justificar las privaciones de la libertad”, explica Alderete.

En el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) coinciden. “Hay un uso abusivo del derecho penal para criminalizar manifestantes”, sostiene Agustina Lloret, coordinadora de litigio y defensa legal de esa entidad. Para esta organización, la imputación de Stornelli no explica cuál es la sospecha del Ministerio Público sobre cada una de las personas detenidas, no describe los hechos, no hace una valoración mínima de las pruebas y pide la prisión preventiva en todos los casos cuando el riesgo procesal debe ser evaluado individualmente.

El diagnóstico del CELS es que con la represión que se desplegó el miércoles mientras el Senado discutía la ley Bases y con la respuesta que da el sistema de justicia –a través de Stornelli– se persigue un objetivo: herir la protesta social. En ese sentido, el organismo ya presentó información sobre la represión y las detenciones masivas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que monitorean el derecho a la protesta y la libertad de expresión.

“Por supuesto que no puede calificarse como golpe de Estado. Golpe de Estado fue lo de Bolivia en 2019, el asalto al Capitolio de 2021 y el ataque al Palacio del Planalto del año pasado”, responde Diego Morales, director de litigio del CELS, a las acusaciones que difundieron tanto la ministra de Seguridad como la Oficina del Presidente. Bullrich, de hecho, sigue imputada por haber enviado municiones a Bolivia antes de que Mauricio Macri dejara el gobierno.

“El gobierno está avanzando rápidamente en el intento de neutralizar opositores políticos mediante la criminalización”, dice Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). “Estaba claramente planificado: la semana pasada el Ministerio de Seguridad modificó una resolución para que el Poder Ejecutivo pueda calificar como terrorista a quien quiera. Después publicaron un tuit hablando de golpismo y terrorismo y, a las pocas horas, consiguieron un fiscal adepto que materializa esas intenciones en la justicia. Es gravísimo el uso del terror o del miedo al señalamiento del Estado como herramienta política.