Somos Télam
Distintos organismos del gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazaron la posibilidad de que se reforme el sistema de prestaciones para personas con discapacidad para que cada organismo financiador determine, de manera independiente, los valores arancelarios de las prestaciones, “lo que propiciaría un sistema fragmentado y desigual”.
La iniciativa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se conoció el viernes pasado y busca desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral para que “los organismos públicos nacionales financiadores fijen de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad”.
Por ello, el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (Coprodis) y el Ministerio de Trabajo bonaerense manifestaron su rechazo a la propuesta.
Los argumentos del Coprodis
“Este accionar, vuelve a atacar los derechos de las personas con discapacidad, y es por esto que expresamos nuestro apoyo y compromiso en la defensa de los mismos, y en proteger el acceso del colectivo a los servicios que necesitan”, indicaron desde el Coprodis y apuntaron que “las personas con discapacidad tienen derecho a un sistema unificado, coherente y equitativo”.
La Ley Provincial 10.592 de la Provincia de Buenos Aires, promulgada en 1988, establece el marco legal para la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad en la provincia.
La norma se inscribe en un contexto más amplio de normativa nacional e internacional, entre las que se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que busca asegurar la inclusión plena y equitativa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social.
En ese marco de obligaciones que tienen todos los entes gubernamentales, el COPRODIS se pronunció “en solidaridad con los planteos de diversos colectivos de personas con discapacidad, familias, trabajadores independientes e instituciones” e instó “a que se descarte este decreto y se busquen soluciones que prioricen los derechos y necesidades de las personas con discapacidad”.
“Para desarrollar medidas relacionadas con el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, es deber del Estado, a partir de las obligaciones asumidas mediante la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizar la participación y la inclusión de las voces de las personas con discapacidad, sus organizaciones y colectivos, en cada etapa del proceso”, apuntaron.
“Esto es esencial para crear políticas efectivas, justas y sostenibles, ya que no solo asegura el respeto de sus derechos, sino que también enriquece el proceso de toma de decisiones, fortalece la democracia y promueve una sociedad más inclusiva y equitativa”, afirmaron.
El Coprodis es un espacio de articulación y coordinación con los distintos organismos interministeriales y organizaciones civiles involucrados en el desarrollo de políticas intersectoriales orientadas a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Qué dice el Ministerio de Trabajo
En tanto, la cartera laboral provincial también manifestó su “total rechazo al proyecto que propone la desregulación del nomenclador único de prestaciones básicas para personas con discapacidad, situación que implica un retroceso en los derechos adquiridos por el colectivo” y consideró que “esta desregulación destruiría el principio de universalidad y el de igualdad de acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, que llevó tantos años de trabajo y esfuerzo poder construir”.
Desde el área se recordó en un comunicado que, “actualmente existe un nomenclador en donde se especifican las prestaciones establecidas por la Ley 24.901 y el arancel que le corresponde a cada una y que los diversos entes que dan cobertura (obras sociales, prepagas, PAMI, Incluir Salud) están obligados a pagar en su totalidad con sus propios recursos económicos. Aranceles que se actualizan según la inflación y los índices salariales”.
“El proyecto de decreto establece que cada organismo público nacional financiador del Sistema de Prestaciones fije por su cuenta los aranceles para cada prestación, obviando que existe un Directorio que tiene esta obligación por el Decreto 1193/98 y se ocupa de que quienes brindan estas prestaciones cumplan con exigencias edilicias y de recursos humanos para ser aceptados como prestadores del Sistema”, apuntaron.
Para el Ministerio que conduce Walter Correa, “esto viene a romper un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales inscriptos en la Superintendencia de Servicios de Salud sin importar su situación económica, mientras cuenten con el certificado único de discapacidad y una cobertura a través de una obra social, del PAMI, de la prepaga o de Incluir Salud”.
“De prosperar esta iniciativa, volveremos a una etapa en donde las personas con discapacidad podrían no recibir atención de acuerdo a la obra social que tuvieran. De establecerse aranceles que no llegaran a cubrir el costo de las prestaciones muchas instituciones o profesionales dejarán de atender a esta población”, subrayaron.
Como parte del Coprodis, exigieron a los funcionarios “que revean esta medida que puede entorpecer la atención de las personas con discapacidad, un derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.
