El juez Roberto Falcone, que representó de forma unipersonal al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, condenó hoy a pagar 43 millones de pesos a los hijos de Leonardo Miguel Save, integrante de la banda parapolicial de Aníbal Gordon, al encontrarlos culpables del delito de lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad.
Se estableció que estos cuatro hermanos incorporaron al circuito legal dinero que había sido robado al militante uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez, secuestrado en octubre de 1976 en Buenos Aires.
María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save, son hijos del fallecido represor que supo ser parte de la organización delictiva que lideró Gordón en los años ’70, y que cometió varios crímenes de lesa humanidad que fueron probados en la justicia en diversas causas.
La condena
Los hermanos Save fueron partícipes de maniobras destinadas a encubrir el origen espurio de esos fondos que se utilizaron para comprar un campo en la localidad bonaerense de Chascomús.
La justicia estableció que a Mechoso Méndez, integrante del Partido de la Victoria del Pueblo (PVP) le sustrajeron entre dos y ocho millones de dólares, que fueron lavados mediante escrituras falsas y boletos de compra-venta adulterados, en maniobras que se realizaron, al menos, desde 1999.
El magistrado no les impuso una pena de prisión como demandaron las querellas y la fiscalía, pero impuso el decomiso de los campos, que deberán destinarse para establecer un Sitio de la Memoria que dependerá de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
Para el juez, los acusados “tuvieron una actitud de sublevación ante el derecho y debieron, en función de las irregularidades detectadas, saber que su padre no puedo comprar esos campos con dinero lícito”.
Mechoso Méndez, exilado en Argentina desde 1973, fue visto por última vez en el centro clandestino de detención ilegal de “Automotores Orletti” y mediante torturas le arrebataron los fondos de la organización política que tenía en su poder.
Al formular sus últimas palabras, los hermanos proclamaron cada uno su inocencia y alegaron “desconocer el origen ilegítimo” del dinero.
Las querellas y la fiscalía habían pedido penas de prisión para los imputados, pero el magistrado aplicó la ley más leve y por eso les impuso una sanción económica y el pago las costas del proceso.
Cada uno de los Save deberá abonar 10 millones de pesos de multa y hacerse cargo de las costas de juicio, lo que totaliza la sanción económica de 43 millones de pesos.
Su captura, desaparición y posterior asesinato se llevaron a cabo en el marco del denominado “Plan Cóndor”, la coordinación represiva orquestada por las dictaduras militares del Cono Sur en el año ’70.
La instrucción de esta causa comenzó en 2013, y estuvo a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien estableció que en el secuestro de Mechoso Méndez también intervino el militar uruguayo José “Nino” Gavazzo, quien pudo quedarse con una parte del botín. Una conjetura que no pudo confirmarse en la elevación a juicio.
Los asesinos de Mechoso Méndez arrojaron su cuerpo a un canal de San Fernando y en 2009, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó sus restos.
Con el dinero apropiado, Gordón y Save compraron un campo en Chascomús para establecer un barrio privado, pero una disputa con integrantes del Ejército impidió que esa operación se concretara.
En las audiencias del juicio, declararon trabajadores rurales que en esa época realizaron tareas en ese campo y contaron que grupos de tareas los secuestraron y torturaron en la Comisaría Primera de Chascomús. Las detenciones de esos empleados fueron ordenadas por orden del coronel Ramón Camps, entonces jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Tras unos días de cautiverio, los trabajadores comenzaron a ser liberados, y les dijeron que habían estado haciendo tareas en un campo que era de la gente de la SIDE. Durante años, hubo rumores que sostenían que en esos terrenos había cuerpos NN enterrados, pero en la instrucción de la causa no pudo probarse.
De delincuente común y custodio de organizaciones sindicales, Aníbal Gordón cultivó desde los años ’60 una fama de pesado que le permitió sumarse en la década siguiente a las filas de la organización parapolicial de la Triple A, donde inició un prolífico derrotero delictivo como agente inorgánico de la SIDE en la denominada “lucha antisubversiva”.
Conocido como “el coronel”, “el jovato” o “el exquisito”, en función de las habilidades que sus secuaces le reconocían en las mesas de tortura, Gordon se convirtió en una pieza clave de la maquinaria orquestada en Orletti, por donde pasaron militantes uruguayos, chilenos, bolivianos y paraguayos capturados en Argentina en medio del desarrollo del Plan Cóndor.
Su nombre adquirió notoriedad en agosto de 1983, cuando una patota que capitaneó secuestró al dirigente nacionalista Guillermo Patricio Kelly, a quien debieron liberar en medio de las repercusiones que esa captura produjo en la opinión pública.
En 1984, tras el retorno de la democracia, una comisión policial detuvo en una casa de las sierras de Córdoba a Gordon, que era buscado por varios delitos. Tres años después, el represor murió en la cárcel, enfermo de cáncer de pulmón.
