Somos Télam
Señalan el desguace de todo lo estatal por parte del gobierno de Milei, así como el desfinanciamiento deliberado.
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (Stvyara), que lidera Graciela Aleñá, defendió las funciones de Vialidad Nacional, adjudicó a las políticas de Javier Milei el “estado desastroso” de las rutas y advirtió por la falta de herramientas y recursos para el habitual Operativo Invernal en las rutas patagónicas.
“Las políticas de desguace de las empresas del Estado por parte del Gobierno del presidente Milei llevan al actual estado desastroso de las rutas, y el desfinanciamiento ya producido solo vacía a la institución y la desvaloriza”, sostuvo la dirigente sindical en un documento de prensa.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, solicitó en la última semana la colocación de peajes en 15 de las rutas provinciales porque “el escenario es alarmante”, a lo cual se sumó más recientemente el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa.
Ambos gobernadores argumentaron la decisión en el “desfinanciamiento del Fondo Provincial de Vialidad”, que recauda del impuesto a los combustibles y que la Nación retacea. A esto se suma al deterioro de los caminos a partir de su utilización por parte del tránsito pesado’, denunció Aleñá.
El Gobierno será responsable ante los riesgos que generará la suspensión de la obra pública”
Graciela Aleñá-Titular del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (Stvyara)
La dirigente sindical aseveró que “lo que ocurre en Río Negro y Neuquén se replica en todas las provincias y es consecuencia del recorte que produjo el Gobierno”.
Precisó que del impuesto al combustible (Sisvial) -25.523 millones de pesos- no ingresó un centavo a Vialidad Nacional.
“Además, del Impuesto País solo ingresó el 6 por ciento: están pendientes más de 49.560 millones de pesos, y del Tesoro Nacional, otros 25.373 millones de pesos“, señaló la dirigenta.
Aleña señaló también su “preocupación” respecto del ‘Operativo Invernal’ porque “no hay herramientas fundamentales para ejecutarlo ni personal necesario a partir de los recortes”.
El resultado de la desinversión en obra pública, señalan desde el gremio, es la suma de dificultades para el transporte de productos de pasajeros, ambulancias, bomberos, turismo y otras actividades clave en las provincias.
El organismo nacional, que tiene más de 90 años de historia, solicitó para este año un presupuesto por $ 730.531.782.308 millones, pero el vigente por decisión del Gobierno de Milei es equivalente al recibido en 2023: $ 475.875.439.067 millones de pesos, lo que según Aleñá implica “una reducción del 35 por ciento del presupuesto, lo que compromete la operatividad de Vialidad”.
“La situación del organismo es de angustia presupuestaria y financiera al producirse una drástica reducción de la remisión de fondos relacionadas con todas las partidas”, sostuvo la dirigente.
Aleñá enfatizó que “el Gobierno será responsable ante los riesgos que generará la suspensión de la obra pública, porque la gestión de Milei debería considerar que su paralización y la imposibilidad de realizar el mantenimiento y conservación por ese desfinanciamiento y desinversión generará deterioros y variados inconvenientes para los usuarios”.
La gremialista aseguró que esos inconvenientes se visualizarán en el transporte de productos regionales, mercadería, combustible, de pasajeros, ambulancias, bomberos y turismo.
“Otro tema no menor es el mantenimiento de los puentes internacionales y los pasos, sobre los cuales el cuidado debe ser permanente”, concluyó la dirigente sindical nacional.
