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La Cámara sancionó hoy la declaración 3702 en apoyo al reclamo de la comunidad universitaria nacional en defensa de la educación superior pública, gratuita, laica y de calidad. Así lo hizo hoy luego de debatir por más de tres horas sobre la masiva marcha convocada en la jornada de ayer, y la necesidad de actualizar la asignación presupuestaria y su impacto en el ascenso social que otorga la educación pública superior. A la vez, en la sesión de hoy, el pleno aprobó en general y en forma unánime el aumento para el personal del Poder Judicial para este año.

Al ratificar su apoyo a la educación pública, Darío Martínez (UxP) que “está vapuleada” no sólo por la reducción presupuestaria sino por múltiples medidas del Ejecutivo nacional que atentan contra la accesibilidad, tales como el precio del combustible, el quite del subsidio al transporte público y la dolarización del costo de vida. Aseguró que el objetivo del gobierno es “destruir la universidad pública” y pidió concebir la educación como un derecho y no circunscribirla a una mercancía y que sus logros se midan en términos de rentabilidad. Su par de bloque Lorena Parrilli se pronunció a favor de la movilidad social que permite la educación superior y explicó que el 73% de los estudiantes de la UBA son primera generación de universitarios en tanto que en las casas de estudios de Moreno y la Matanza el porcentaje supera el 90%. Lo dijo al desacreditar la concepción de que las clases trabajadoras no asisten a las aulas universitarias.

Por el bloque DC-Comunidad, Ernesto Novoa también reivindicó la educación pública y gratuita, pero pidió no politizar el debate y no arrogarse la convocatoria de la marcha de ayer. “La única bandera que reconoce la comunidad cuando defiende a la universidad pública es a la de Argentina”, dijo tras destacar las gestiones del gobierno provincial para conseguir apoyo financiero para la UNCo. Desde Avanzar, Francisco Lépore sostuvo que la movilización fue masiva porque la sociedad salió a defender uno de sus principales pilares porque le permite tener a toda la ciudadanía la expectativa de movilidad social.

ImagenEn tanto, desde el MPN Ramón Fernández calificó a la movilización de ayer como el “primer timbre” que debe alertar al gobierno de la Nación y explicó que no se trata de diferenciar entre argentinos de bien y de mal y que recortar el presupuesto universitario significa frustrar el futuro de muchos estudiantes. También lamentó que el diputado nacional que representa a su partido no haya asistido a la sesión convocada para hoy. Su compañera de bloque, Cielubi Obreque informó que el 84% de los argentinos se expresó a favor de la defensa de la educación pública.

Desde Hacemos Neuquén, Alberto Bruno también reivindicó la gratuidad de la educación superior en el país y recordó que en el año 1949 el gobierno de Perón puso fin a los aranceles para garantizar la gratuidad en el acceso a la educación superior. En tanto, César Gass recordó que en 1918, durante el gobierno radical de Hipólito Yrigoye, se llevó a cabo la reforma universitaria que abrió los claustros y la universalización de su ingreso.

Por la izquierda, Gabriela Supiccich (FIT-U) y Andrés Blanco (FIT) reivindicaron que la defensa de las universidades se convirtió en una lucha popular y exigieron incremento salarial del orden del 100% y presupuesto para ciencia y tecnología, entre otros puntos. También criticaron la versión oficialista de asociar a los espacios académicos con el adoctrinamiento ideológico, pensamiento que utilizan para justificar la política de ajuste.
Si bien dijo estar a favor de la calidad educativa de la educación superior, la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) cuestionó “el adoctrinamiento” político al interior de las casas de altos estudios y pidió avanzar en “una revisión integral” que permita el control de gastos ya que, según dijo, “gratis no hay nada. Que uno no pague, no significa que no lo paguemos todos”. Informó, además, que en el vecino país de Chile se egresan 80 de cada 100 inscriptos, mientras que en Argentina la relación es de 20 sobre 100. Aseguró que muchos estudiantes tienen la posibilidad de pagar y que la UBA tiene cerca de 20 mil extranjeros que cursan de manera gratuita.
En similar sentido se expresó Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) quien recordó que las universidades públicas tienen un costo anual de 1400 millones de dólares que se traducen en 70 mil pesos por mes por alumno. En ese sentido, diferenció al estudiante que carece de recursos de aquel que sí lo puede afrontar, al tiempo que aclaró que la población estudiantil en su mayoría responde a sectores acomodados de la sociedad y que las personas de bajos recursos no llegan en su mayoría a la instancia académica en cuestión. pidió que el debate derive en “discutir fuentes de financiamiento” para dejar de centrar el debate en la gratuidad.
La declaración en defensa de la gratuidad de la educación superior fue presentada por el bloque UxP y el debate derivó en un reproche, desde distintos bloques, por la inasistencia de tres diputados nacionales neuquinos para aportar hoy el quórum necesario en el Congreso que hubiera permitido girar a comisión una iniciativa que solicitaba aumentar el presupuesto para las universidades.