En junio se conocerá el veredicto. El despacho de abogados británico, el principal receptor de los fondos provenientes del juicio que resultó en una condena de USD 16.000 millones contra el Estado argentino, es consciente de que Argentina no tiene los medios para cumplir con el pago. 

El fondo Buford pidió a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que disponga la transferencia a su favor de todas las acciones que tiene el Estado argentino. Si falla a favor del demandante y no se cumple la decisión, el país entraría en desacato con la corte americana.

La demanda que ya lleva más de 9 años de trámite, y está en proceso de apelación, llegó después de que la jueza Preska fallara en contra del país y lo encontrara culpable de expropiar mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidente.

Según Sebastián Maril, de Latin Advisors, el pedido incluyó también a las acciones de YPF que están en manos de las provincias. "En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio", dijo Maril.

Consideró que esto ocurre porque la Argentina "no puso una garantía en enero como estaba previsto y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo".
"Sí que es factible que la jueza autorice el traspaso de las acciones. Ya dijo que podían ser utilizadas como garantía. Si eso pasa y el Estado no cumple entraría en desacato con la corte norteamericana, algo que ya pasó con el juez Thomas Griesa, hace casi 10 años. Entrar en desacato una vez más con una corte americana sería complicado. Creo que lo que quiere Burford es negociar, hacer ruido", indicó.