El proyecto que crea un Fondo de Estabilización de presupuestos obtuvo esta mañana dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B). En ambas comisiones el despacho, que incorporó una cláusula de garantía para el funcionamiento del Poder Legislativo sugerida por la Asociación Neuquina de Empleados Legislativos (ANEL), fue aprobado por mayoría.
De esta forma, el proyecto presentado por el gobernador Omar Gutiérrez, el vicegobernador Marcos Koopmann y la presidenta de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) María Soledad Gennari, finalizó su tratamiento en comisiones y será girado al recinto para su tratamiento en sesión.
En primer término se reunió la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) presidida por Maximiliano Caparroz (MPN) quien, al iniciar el debate, explicó que el objetivo del proyecto es equilibrar los ejercicios financieros de los tres poderes del Estado, creando un fondo compensador presupuestario financiado con el 3% de la coparticipación: 1.5% aportados por el Poder Legislativo y el otro 1.5% por el Ejecutivo. Además, aclaró que “si el Poder Legislativo necesita del 1.5% del presupuesto, vuelve a foja cero” en el marco del acta acuerdo firmada entre el vicegobernador Marcos Koopmann y el sindicato; y destacó que “las modificaciones a la iniciativa se realizaron conjuntamente con el gremio ANEL”.
En efecto, de la reunión participaron las autoridades gremiales de ANEL. Al hablar, el secretario general, Juan Horacio Benítez, expresó el apoyo al proyecto con las incorporaciones en la redacción orientadas a garantizar el normal funcionamiento, la autarquía y los derechos laborales al interior del Poder Legislativo.
Benítez manifestó que desde el gremio “reaccionamos” a la presentación del proyecto en tanto “ponía en juego el normal funcionamiento de esta Legislatura”. Sostuvo que los aportes a la redacción final –junto con el acta acuerdo firmada entre el gremio y las actuales autoridades que retoman los principales puntos demandados en asamblea- “enriquecieron el debate. Sin embargo, reparó en la firma de la máxima autoridad del Poder Judicial en el proyecto, lo que constituye “un atropello” a la independencia de poderes y es “inadmisible” que un poder “vaya a la baja” de otro poder. “Esa injerencia, la seguimos rechazando”, enfatizó el sindicalista.
La redacción añadida sostiene que el presupuesto anual “debe garantizar el pleno cumplimiento de la ley 1703, ley 2915, sus complementarias y modificatorias, sosteniendo la totalidad de los beneficios y demás Resoluciones con referencia a las mencionadas normas”. Según explicó el secretario Adjunto de ANEL Marcelo Bagés, la alusión apunta sostener los beneficios de la planta de personal, determinadas en el Estatuto -1703-.
El texto también especifica que, en ninguna circunstancia, las transferencias a los municipios se verán afectadas.
Durante el debate, César Gass (JxC), Andrés Blanco (PTS-FIT) y Soledad Salaburu (FdT) cuestionaron la “extemporaneidad” del proyecto, la injerencia del Poder Judicial en el Legislativo y la falta de acuerdo, en un principio, con la planta trabajadora.
Gass calificó de “desprolijo” que el proyecto de facultades de política fiscal sea refrendado por el Poder Judicial, pero adelantó su voto positivo porque “no me parece correcto obstaculizar” un proyecto que alcanzó acuerdo entre las partes implicadas.
En la misma línea, Salaburu se pronunció en contra de que se recorte el presupuesto de la Legislatura para cederlo al Poder Judicial y de que no se haya discutido en “una mesa de transición”, al tiempo que celebró las cláusulas y garantías incorporadas, que constituyeron un “logro de los trabajadores”.
A su turno, Blanco votó en forma negativa tras argumentar que, si bien la propuesta alcanzó un acuerdo con el gremio, el proyecto representa “un botón de muestra” del ajuste que se aplicará en los próximos años en la provincia.
El despacho fue aprobado por mayoría con 11 votos positivos aportados por el MPN, UP-FR-, FNN, Siempre, CC-ARI, JC y parte del FdT. En contra votaron Darío Peralta (FdT) y Andrés Blanco (PTS-FIT).
Participaron de la reunión Maximiliano Caparroz, Ludmila Gaitán, Mariano Mansilla, Lucas Castelli, José Ortuño López, Gonzalo, Bertoldi, Carlos Sánchez, Darío Peralta, César Gass, Carlos Coggiola, Leticia Esteves, Soledad Martínez, Soledad Salaburu, María Laura Bonotti, Karina Montecinos, Fernando Gallia y Blanca López.
Finalizada la comisión “A”, tuvo lugar la reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B), ocasión en la que también se emitió despacho al proyecto, con nueve votos a favor, devenidos de los bloques del MPN, JC, MAV, Avanzar, Siempre, Juntos, UP-FR. En contra lo hicieron Lorena Parrilli (FdT) y Blanca López (PTS), argumentando que la medida implica un “ajuste” presupuestario.
Participaron Liliana Murisi, Carlos Sánchez, Lorena Abdala, Lorena Parrilli, Leticia Esteves, Blanca López, María Laura Bonotti, Carina Riccomini, Lucas Castelli, Maximiliano Caparroz, Raúl Muñoz y Víctor Pino.