Uliarte reemplaz a su defensor oficial Gustavo Kollman Foto Tlam
(Fuente Página 12)
El abogado Carlos Telleldín, que asumió la defensa de Brenda Uliarte, aseguró que los nombres de esos funcionarios los aportará ante la jueza la acusada de copartícipe del intento de asesinato de Cristina Kirchner.

A pocos días del primer aniversario del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, y tal como lo adelantó en Página/12, Carlos Telleldín, el nuevo abogado de Brenda Uliarte, una de las detenidas por el hecho, deslizó este lunes que maneja información relacionada con "gente que estaba en el domicilio de la Vicepresidenta (Cristina Kirchner) manifestándose y que eran pagos por funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires". En diálogo con AM750, y ante la pregunta de si estos funcionarios porteños trabajaban para el diputado nacional del PRO Gerardo Milman, Telleldín respondió: "Sí, exactamente".

"Tanto los nombres de quienes pagaban y quienes recibían el pago serán aportados por Brenda Uliarte ante la Justicia en el juicio oral", agregó.

En esa línea, el abogado, quien fuera imputado y luego absuelto en la causa por el atentado a la AMIA, remarcó que los manifestantes y el grupo acusado del intento de magnicidio a Cristina Kirchner "no fueron pagados para hacer un magnicidio, sino una convulsión social".

Por último, el letrado aseguró que "si una persona hubiese querido matar a la Vicepresidenta lo hubiese hecho" y que Fernando Sabag Montiel, quien apretó el gatillo a centímetros de la cabeza de CFK, "en ningún momento fue con la idea de matar".

El desembarco de Telleldín en el expediente sobre el ataque a CFK coincide con un aparente "episodio psicótico" que protagonizó Brenda Uliarte en el patio del penal en junio pasado, después de enterarse de que debía ir a la audiencia de otro juicio por la "tenencia de un DNI ajeno" y en donde se vería cara a cara con Fernando Sabag Montiel, su exnovio. Tras ser sometida a pericias psicológicas, Uliarte fue diagnosticada de manera presuntiva con un "retraso mental leve", una calificación que podría utilizar la defensa para morigerar su situación procesal.