El gobernador Omar Gutiérrez reclamó un proyecto de ley presentado el año pasado por el ministerio público fiscal y el municipio de San Martín de los Andes, en el cual se propuso modificar un artículo del Código Procesal Penal que regula la realización del juicio directo.

“Necesitamos herramientas ágiles que den repuestas a hechos como los registrados en los últimos días”, afirmó el gobernador Omar Gutiérrez esta mañana al solicitarle a la Legislatura provincial la pronta sanción de un proyecto de ley que permita rápidos procesos judiciales ante delitos como los robos e intentos de robo perpetrados recientemente en supermercados y comercios de diversas localidades neuquinas.

Retomó una iniciativa presentada hace un año, a instancias del Consejo Municipal de Prevención del Delito de San Martín de los Andes. Tras una reunión realizada en septiembre en esa ciudad, el fiscal general José Gerez y el intendente de San Martín de los Andes Carlos Saloniti presentaron un proyecto conjunto en la Legislatura para modificar el artículo 222 del Código Procesal Penal que regula la realización del juicio directo.

El objetivo de esa propuesta es aplicar los juicios directos en una mayor cantidad de casos, principalmente en los hechos flagrantes y ante los delitos menos graves. Se trata de una herramienta mediante la cual se aceleran los tiempos para determinar la responsabilidad penal o no de una persona acusada de delitos menores.

Al respecto, el gobernador explicó que “son juicios más rápidos, que permiten en poco tiempo tener una respuesta de la Justicia”.

“En su redacción actual, el juicio directo requiere la anuencia de la defensa del imputado para llevarse a cabo y la respuesta habitual de los representantes legales ha sido negativa. Esta circunstancia ha hecho que, en nuestra provincia, desde la vigencia del Código Procesal Penal, no se lleven adelante Juicios Directos. Es decir, es una herramienta que no está siendo utilizada”, señalaron Gerez y Saloniti en los fundamentos del proyecto.

Este proyecto pone en cabeza del fiscal la facultad de solicitar el juicio directo cuando estén dadas las condiciones. “Ello no afecta los derechos y garantías del imputado, pues los mismos gozan de toda su vigencia durante la realización del juicio”, añadieron. Y destacaron que “esta modificación permitirá la realización efectiva de juicios directos en casos de flagrancia o en otros donde la prueba es recolectada de manera inmediata, posibilitando que el delincuente sea condenado rápidamente. Se intenta con ello combatir al delincuente habitual y reiterante, especialmente a aquel que comete delitos contra la propiedad".