Pablo Vignaroli, fiscal jefe de Delitos Económicos, explicó las razones por las que se ordenó la detención de Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Osuna, los directores encargados de los planes en el ministerio de Desarrollo Social de la provincia y afirmó que se descubrieron también maniobras con cheques además de instrucciones para eliminar información junto con "aprietes y acosos".

Vignaroli sostuvo que "hemos podido encontrar información para ampliar ya en su momento las imputaciones que tienen que ver con las tarjetas de débito hasta el año 2020. Hemos encontrado también información que paralelamente había maniobras que se llevaban adelante con cheques. Claramente estamos en condiciones de adelantar, sin dar nombres obviamente, que se van a ampliar las imputaciones".

"Respecto a los procedimientos del día de hoy, también durante este tiempo, y más precisamente por entrevistas que hemos llevado adelante entre la semana pasada y el día martes pasado, hemos podido colectar información relacionada con un riesgo procesal que al inicio de la investigación no lo teníamos y que es el riesgo de entorpecimiento", dijo.

Sobre el particular, detalló que "Esto está relacionado básicamente con que hemos podido determinar que a lo largo de la investigación se dieron órdenes por parte de las personas cuyas detenciones estamos procurando, hay una persona que ya está detenida, hay dos que los estamos buscando, que como decía, tiran órdenes de que se borrara información, de que desaparecieran dispositivos electrónicos, y también conductas relacionadas con aprietes y distintos tipos de acoso respecto de personas que tenían información en el caso y que no podían o no se sentían en condiciones de venir a la Fiscalía de la Información casualmente por estas situaciones que ya nos fueron relatando.

"Así es que con esta nueva información que hace variar la situación que nosotros analizamos el día 29 de noviembre pasado cuando llevamos adelante la formulación de cargo, entendimos que estas personas no pueden seguir siendo investigadas de la manera en que venían siendo investigadas ya que de llegar a un juicio corremos el riesgo que influencien, o que entorpezcan, la producción de evidencia", dijo Vignaroli.