"Hay artículos que son totalmente violatorios de los derechos y las garantías consagradas en la Constitución en esta reforma exprés de Morales", afirmó el ministro de Justicia. La presentación de este viernes se realiza por instrucción del Presidente.
El ministro de Justicia, Martín Soria, presentará este viernes ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy, impulsada por el gobernador Gerardo Morales y aprobada la semana pasada en la legislatura provincial, que desató una serie de manifestaciones de protestas que derivaron en una violenta represión policial.
"Hay artículos que son totalmente violatorios de los derechos y las garantías consagradas en la Constitución en esta reforma exprés de Morales. Tiene partes que directamente chocan con la Constitución y el sistema interamericano de Derechos Humanos porque en realidad se pretende criminalizar la protesta", aseguró este viernes Soria en declaraciones a Radio 10.
El ministro sostuvo que, con la reforma, se busca "crear el marco jurídico para reprimir y perseguir a quienes no estén de acuerdo con las ideas económicas" y añadió: "Esta película ya la vimos: ajuste, hambre, miseria y represión contra el pueblo. Es la alianza del 2001 y Cambiemos en 2016".
La presentación de la acción declarativa fue confirmada el jueves por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, tras una conversación que mantuvo el jueves con el propio Soria una vez concluida la habitual conferencia de prensa de los jueves que ofrece la funcionaria en Casa Rosada, y señaló que la medida se realizó por instrucción del presidente Alberto Fernández.
En diálogo con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, la portavoz manifestó que el mandatario "sigue muy de cerca la situación en Jujuy" y recordó que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, "viajó a Jujuy y está permanentemente en contacto".
"Entendemos también que hay denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también está siguiendo muy de cerca la situación", agregó.
En ese marco, amplió: "Hemos denunciado la represión en Jujuy y el Presidente mismo se ha expresado exigiéndole al gobernador (Gerardo) Morales que cese con la represión y al ministro de Justicia que se presente para plantear si existe inconstitucionalidad en los artículos cuestionados de la Constitución Nacional", algo que se confirmó minutos después.
"Con mucha preocupación seguimos esa situación y también con mucha preocupación vemos que la fuerza opositora, en lugar de preocuparse por la represión, premió al gobernador que llevó adelante la represión nombrándolo como candidato al vicepresidente", completó Cerruti en relación a la fórmula que compartirá con el actual jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
El jueves por la noche, luego de que se conociera la información de la acción declarativa que será presentada este viernes por el Gobierno nacional, el gobernador Morales expresó a través de su cuenta de Twitter: "Se confirma el intento de desestabilización en Jujuy. Lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución. Este tipo de reformas son las que necesita el país para dejar atrás la industria del piquete y la extorsión que nos viene destruyendo".
También salió en su defensa su compañero en la fórmula presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, quien indicó también en su cuenta de la red social que "la nueva Constitución de Jujuy es de todos los jujeños" y expresó su "solidaridad con ellos y con Gerardo Morales ante otro intento del kirchnerismo por avanzar sobre la autonomía de las provincias".
Una reforma aprobada en medio de la represión en las calles
Impulsada por el gobernador y ahora precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales, la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, que prohíbe los cortes de calles y de rutas en la provincia, fue aprobada y jurada el pasado 20 de junio, en medio de graves incidentes en las calles de la ciudad capital.
La Carta Magna jujeña, que no era reformada desde 1986, causó una ola de rechazos entre los sectores de los trabajadores, organizaciones sociales, desocupados y comunidades de pueblos indígenas que ven con preocupación la quita de derechos conquistados en democracia.
Desde su nacimiento como proyecto, para ser convertida en Ley a fines de septiembre del año pasado, la iniciativa fue tomada como un caballito de batalla de la actual gestión de Morales, convocando a "un gran debate de los jujeños" en sus comienzos.
Se abrió una etapa de consultas con diversos sectores de la sociedad que emitieron su opinión en torno a las modificaciones a incluir en este nuevo texto que abarca más de 60 artículos.
Sin embargo, los cuestionamientos a la reforma fueron en aumento, en especial en el último mes, cuando las protestas de los estatales por salarios dignos sumaron a la consigna el "No a la nueva reforma", ya que sostienen que es "retrógrada y quita derechos".
Las comunidades originarias fueron las que levantaron la bandera de reclamo en gran parte de la provincia y esto se visibilizó con más fuerza en las últimas semanas con cortes de ruta para exigir directamente la anulación de la reforma constitucional oficialista.
