ATEN leyó un documento durante el acto que se realizó tras la marcha esta mañana en Neuquén capital, a dos años de la explosion de la Escuela de Aguada San Roque que le costó la vida a Nicolás Francés, Mariano Spinelli y, unos días después, de la docente Mónica Jara.

El escrito dice:

"Hace dos años, los trabajadores de la educación de todo el país discutíamos con los gobiernos provinciales las condiciones que eran necesarias para volver a la presencialidad en el segundo año de Pandemia.

Entre mayo y julio de 2021 se vivió la segunda ola de contagios y se lamentaron cuantiosas víctimas. En el caso de Neuquén, la ocupación de las camas de Terapia Intensiva en los Centros de Salud, tanto públicos como privados, llegaba en aquellos días al 100%. Por eso, desde aten impulsábamos la continuidad de las actividades virtuales, para evitar nuevos contagios que no tendrían lugar para su atención.

Sin embargo, el gobierno provincial, impuso un proceso de retorno, apresurado y confrontando con aten, haciendo lugar al reclamo de grupos minoritarios de familias y comerciantes para que se ponga fin a las medidas de distanciamiento social, del mismo modo que a nivel nacional lo pedía el Macrismo.

𝗘𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘅𝘁𝗼, 𝘀𝗲 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻𝗼́ 𝗹𝗮 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗲𝗹𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘀𝗶𝗻 𝗮𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗲𝗱𝗶𝗹𝗶𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗻𝗶 𝗲𝗹 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗼𝗯𝗿𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗷𝗲𝗰𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻.

Aguada San Roque es un paraje rural ubicado a unos 58 Km de la ciudad de Añelo, en el corazón de la formación geológica conocida como Vaca Muerta, uno de los yacimientos de Petróleo y Gas más importantes del mundo.

En el paraje, hay una escuela albergue para que lxs niñxs de los puestos más alejados puedan tener garantizado su acceso a la educación. Es la Escuela Albergue Nº144, que este año cumplió 40 años.

Esa escuela estaba en obra. Una obra largamente reclamada y esperada. Se estaba construyendo la ampliación del albergue donde duermen lxs niñxs, aulas, una vivienda para docentes y otras mejoras.

Mónica Jara era una docente recién recibida en el ISFD Nº 9 de Centenario que tomó su primer cargo allí. Dio sus primeras clases por zoom y participó de reuniones con sus compañerxs, también virtuales. Unos días antes del 29 de junio, la Directora les comunicó que según la información que le habían proporcionado, la escuela ya estaba en condiciones y que podían empezar el dictado de clases presenciales.

𝗠𝗼́𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗼́ 𝗲𝗹 𝗱𝗶́𝗮 𝟮𝟴 𝗮 𝗹𝗮 𝘁𝗮𝗿𝗱𝗲. 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗼𝗱𝗶́𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟵 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗻𝗶𝗼, 𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗮𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗮𝗯𝗮 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗼𝗯𝗿𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗦𝗽𝗶𝗻𝗲𝗱𝗶 𝘆 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮́𝘀 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲́𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗶𝗯𝗮𝗻 𝗮 𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗮𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝘂𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗲𝗻 𝘂𝗻 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗳𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿, 𝗾𝘂𝗲𝗱𝗼́ 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗼𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗳𝘂𝗴𝗮 𝗱𝗲 𝗴𝗮𝘀, 𝗾𝘂𝗲, 𝘀𝗶𝗻 𝗮𝘃𝗶𝘀𝗼, 𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗯𝗿𝗼́ 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗶𝗻𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝗼, 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮́𝘀 𝘆 𝗱𝗶́𝗮𝘀 𝗺𝗮́𝘀 𝘁𝗮𝗿𝗱𝗲, 𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗼́𝗻𝗶𝗰𝗮.

A partir de ese hecho se abrió una Causa Penal. Las familias de lxs compañerxs fallecidxs y aten somos Querellantes. Esta figura permite a las víctimas estar cerca de la investigación, proponer medidas y controlar el proceso y las acusaciones que realice la Fiscalía.

A dos años de iniciada la causa, logramos que se formulen cargos a funcionarios de Obras Públicas, de educación y a los responsables de la empresa encargada de la obra. Las medidas iniciales llevadas adelante por nuestros abogados y peritos nos han provisto de información importante para sostener las acusaciones, así como los allanamientos que nos permitieron poner a resguardo valiosa documentación. Asimismo, no podemos dejar de advertir, que la Justicia de nuestra provincia tiene serias dificultades para investigar delitos de corrupción. El Estado por burocracia o por complicidades propias de las corporaciones, resulta un objeto de difícil acceso a la hora de analizar e investigar sus actos.

𝗔 𝗹𝗼𝘀 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘀𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮, 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗼𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗰𝗼𝘀𝗮𝘀, 𝗽𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗮𝗯𝗿𝗶́𝗮𝗻 𝗼𝗯𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗻𝗲𝗴𝗹𝗶𝗴en𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲; no habrían controlado ni habrían evitado que la obra se realice con las graves deficiencias motivo de la explosión y estando en conocimiento de la situación de la escuela, por acción u omisión, no habrían actuado para evitar la presencia de docentes y estudiantes en esas condiciones.

Además, 𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁𝗮𝘀 𝘃𝗶𝗻𝗰𝘂𝗹𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗿𝘂𝗽𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝘆 𝗱𝗲𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮 𝗹𝗮 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮. A pesar de estas graves acusaciones, todos lxs funcionarios públicos continúan en sus cargos, sin que sobre ellxs pese siquiera un Sumario Administrativo.

Aten ha dispuesto para esta causa, un equipo de profesionales integrado por abogados, peritos criminológicos y contables que son quienes representan ante la Unidad Fiscal de Cutral Co a cargo de la Dra Gabriela Macaya, no sólo a Aten sino también a las familias de Mónica Jara y de Mariano Spinedi. Este equipo viene dando una dura batalla legal para sostener las imputaciones que conforman los cargos que pesan sobre:

• Roberto Deza Subsecretario de Obras Públicas: administración fraudulenta en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público.

• Carlos Córdoba y Raúl Capdevilla Directores de Obras Contratadas y Sergio Percat Inspector de obra: estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta.

• Fabio Luna Director General de Educación Rural y Patricia Cresatti Directora Provincial de Nivel Primario: incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con homicidio culposo.

• Héctor Villanueva, socio gerente de Arte Construcciones y Diego Bulgheroni, representante técnico: estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta.

• Eduardo Afione, subcontratista: estrago culposo agravado por su resultado muerte.

• Gabriel Potas, coordinador interinstitucional de la unidad de planificación e infraestructura, del Ministerio de Educación, una decisión del Tribunal Superior de Justicia inédita declaró la nulidad de su Formulación de Cargos, aunque sigue siendo investigado y mantiene abogado defensor.

Estas conductas deben ser investigadas sin obstáculos ni contemplaciones, y de probarse, sancionadas con la mayor firmeza de la ley, por derecho de las familias y además para que no se repitan.

𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗲𝗹𝗮𝘀 𝘆 𝗲𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗯𝗲𝗻 𝘀𝗲𝗿 𝗹𝘂𝗴𝗮𝗿𝗲𝘀 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝘁𝗼𝗱o𝘀.

El fallecimiento de Silvia Roggetti en junio de 2000 fue el doloroso resultado del tratamiento negligente de la obra pública en los establecimientos educativos. Ha sido la demostración más brutal de las consecuencias irreparables de las conductas desidiosas de quienes deben velar por el cuidado de quienes habitamos las escuelas.
A 23 años de aquel hecho, hoy nos toca exigir justicia por otro suceso evitable, y ligado no sólo al no haber hecho o al haber obrado irresponsable y negligentemente sino a la firme presunción de que hay delitos de corrupción que favorecieron a que se generen las condiciones de vulnerabilidad y puesta en peligro cierto y fatal a Mónica, Mariano y Nicolás.

𝗥𝗮𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗹 𝗮𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝘀, 𝗮 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝗹𝗹𝗮𝘀 𝘆 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼, 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿 𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗮 𝘆 𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘀 𝗹𝗮𝘀 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀 𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗼𝗯𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮, 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝗴𝗿𝗮𝗿, 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼 𝗮 𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲́ 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼 𝘂𝗻 𝗲𝘀𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝘆 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘆 𝘀𝘂𝘀 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝘀".