Puede ser una imagen de una persona, estudiando y textoEn la sesión de hoy, se aprobó por mayoría (César Gass y Leticia Esteves votaron en contra) el proyecto de comunicación impulsado por la diputada del Frente de Todos Soledad Salaburu, que “manifiesta preocupación frente a la declaración de la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza que repudia la prórroga de la Ley 26160 aprobada por DNU, bajo fundamentos que pretenden afirmar que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”. 

Al hablar en el recinto, Soledad Salaburu explicó que se “pretendemos alertar sobre el posicionamiento político que hicieron las y los legisladores que acompañaron esta expresión segregacionista y xenófoba”.

La diputada agregó que la declaración de la legislatura de Mendoza “viola la constitución nacional, al menos 12 leyes nacionales, marcos convencionales y arrasa con 40 años de juricidad”.

A su turno, Andrés Blanco (PTS-FIT) indicó que la comunicación apunta a “llamar a la concientización de todos los legisladores mendocinos” en tanto la declaración mendocina es de carácter negacionista y aseguró que detrás de tal aseveración existen “intereses políticos y económicos”.

Quien votó en contra fue el legislador César Gass (JC) argumentando que la comunicación interfiere en la autonomía de la vecina provincia. Dijo que “llevaría a un conflicto político” si cada Poder Legislativo se pronuncia con relación a las sanciones de otro. Observó también que algunos legisladores mendocinos y del propio espacio político del gobierno nacional votaron a favor de la declaración, y denunció que en esa provincia se otorgaron tierras de manera irregular y eso provocó la expresión. “El gobierno nacional quería ir a Mendoza a avasallar la autonomía y la soberanía mendocina para hacer la entrega de tierras indiscriminadas”, por tal motivo un pronunciamiento en contra de la declaración sería “sembrar el odio donde no lo hay”.

En similar sentido se expresó su compañera de banca Leticia Esteves, quien también denunció la entrega de tierras “de manera unilateral a comunidades que se referencian como originarias y no lo son” y advirtió que se trata de tierras ubicadas estratégicamente en términos hidrocarburífecos.