Con la reciente afirmación del ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Del Castillo Del Carpio -"la persona de Argentina que entregó el armamento está identificada"-, la investigación iniciada en el país hermano se aproxima a la verdad.

Se sabe el qué: un gran número de municiones de perdigones e incluso armas fueron exportadas a La Paz sin que hubiera aprobación de los Congresos, ni de Argentina ni de Bolivia.

Se sabe el cuándo: los trámites comenzaron el 7 de noviembre, cuando Evo Morales aún era presidente, y llegaron el 13 de ese mes, al día siguiente de que Jeanine Áñez se autoproclamara presidenta de Bolivia.

El cómo y el dónde están claros. Pero lo que no se sabe, todavía, es el quién.¿Quién pidió que este armamento se destinara a los uniformados bolivianos para que los usaran en la represión posterior al golpe? La pregunta, en cualquier caso, parece acercarse a su respuesta, y la investigación está pronta a revelar un dato clave.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Del Castillo Del Carpio, aseguró al diario Página/12 que "la persona de Argentina que entregó el armamento está identificada".

"Estamos buscando los reportes, cámaras de seguridad y hacer un seguimiento de lo que sucedió el 13 de noviembre de 2019, tanto en los hangares de la Fuerza Aérea (boliviana) como en el exhotel Radisson de la ciudad de La Paz para ver si es la persona que hemos recibido en los reportes de inteligencia", informó Del Castillo en una entrevista publicada este miércoles.

Por otro lado, el ministro de Justicia boliviano, Iván Lima Magne, declaró que se sabe que el trámite para el traslado del armamento al aeropuerto militar de El Alto comenzó el 7 de noviembre de 2019, cuando Evo Morales todavía era presidente.

Sin embargo, aclaró que no fue el gobierno del MAS el que pidió los pertrechos.
Este dato ha sido corroborado por el entonces ministro de gobierno, Carlos Romero Bonifaz, quien señaló que por lo menos desde el año 2012 que no se pide ningún tipo de colaboración internacional con armamento para apoyar a Bolivia.

De manera que no es descabellado pensar que, ya para entonces, 7 de noviembre de 2019, estaba en marcha una alianza internacional de apoyo a la gestación de un golpe de Estado.
Coincidencia o no, ese jueves 7 de noviembre comenzaba el motín policial por el cual actualmente varios oficiales se encuentran juzgados.

En las últimas horas ha aparecido un dato importante, incorporado por el ministro de Justicia boliviano y refrendado por el embajador de Argentina, Ariel Basteiro: el primigenio plan de enviar muchas menos municiones (estas sí destinadas a defender la embajada en caso de ataques) habría sido modificado la mañana del 12 de noviembre de 2019, cuando en Bolivia aún no existía gobierno constituido.

El 12 de noviembre de 2019 por la mañana todavía no se había aceptado la renuncia de Evo Morales y Áñez aún no se había autoproclamado presidenta (lo que ocurrió esa jornada pero recién en horas de la tarde). La llegada al gobierno de Áñez fue lo que el dirigente de la oposición boliviana Samuel Doria Medina (Unidad Nacional) llamó el "Plan B".

El "Plan A" consistía en elegir un gobierno militar con "notables civiles": tal era la propuesta de Luis Fernando Camacho y su grupo. Sin embargo, el expresidente Carlos Mesa planteó que la solución debería acercarse lo "más posible" a la Constitución del Estado Plurinacional.

Así se impuso el denominado "Plan Áñez" que, según el periodista boliviano Julio Peñaloza Bretel, era la propuesta incluso apoyada por Unitel, la cadena de TV más vista en Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, propiedad de la familia Monasterios, ganaderos y bancarios.

El domingo, Peñaloza Bretel, en el diario La Razón, escribió: "La estación número uno en audiencia nacional decidió convertirse en transitoria a la par de Jeanine Áñez presidenta. De hecho, la televisora (por Unitel) nos ha regalado un documento histórico fundamental, con la senadora beniana (por Áñez, senadora del departamento del Beni) anticipándonos el 10 de noviembre de 2019 que llegaría a La Paz a asumir la Presidencia, que le correspondía, cuando todavía ni siquiera la había llamado por teléfono para ofrecerle el cargo el operador electoral de Carlos Mesa (Ricardo Paz), según sus recientes declaraciones ante el Ministerio Público".

Pero mientras todo eso ocurría, los generales Yuri Calderón, comandante de la Policía y Jorge Gonzalo Terceros Lara, comandante de la Fuerza Aérea, habrían sido quienes pidieron que Argentina mandara la desproporcionada cantidad de 70 mil cartuchos de perdigones. Y lo hicieron sin pasar por los ministros de las áreas respectivas, que todavía estaban en funciones, porque no habían renunciado. Tampoco pasaron por Cancillería, como manda la Ley.

En resumen, ignoraron las disposiciones legales, por lo que pueden ser castigados hasta con 30 años de cárcel, según manda la Ley boliviana 400 (de Control de Armas de Fuego, Munición, Explosivos y otros Materiales Relacionados). Ellos estaban buscando que se viabilizara el golpe de Estado. Según el expresidente Evo Morales, Terceros Lara incluso llegó a intentar –infructuosamente- ser él el elegido como primer mandatario.

Una a una, como piezas de dominó concatenadas, van cayendo los argumentos de los involucrados en este escándalo: la primera ficha en desmoronarse fue la que sostenía que la firma en la carta de agradecimiento de Jorge Gonzalo Terceros Lara al entonces embajador argentino Normando Álvarez García era falsa.

La aparición de las copias convenientemente selladas y firmadas comenzó a derrumbar la mentira. Y la confirmación del agregado naval argentino, capitán Miguel Alonso, de que recibió la misiva sepultó el argumento de que esta era falsa.

Luego vino la comprobación de que las municiones fueron enviadas. La aparición de las mismas en almacenes policiales demostró que realmente llegaron a Bolivia. Y la cereza del postre lo puso la curiosa afirmación de que los 70 mil cartuchos habían sido consumidos en entrenamientos. La aparición de los cartuchos sin haber sido utilizados echó por tierra el argumento.

¿Qué sigue?
Para el embajador Basteiro, los papeles seguirán apareciendo. Una posibilidad por cierto muy factible dado el descuido con el que se actuó, probablemente bajo el manto de la idea dominante entre los golpistas, quienes creían que su régimen duraría muchos años.

Entre tanto, en el gobierno boliviano va madurando la idea de pedir que se desclasifiquen los informes de los encargados de inteligencia del Estado Argentino que por esos meses estuvieron en Bolivia. Esos papeles podrían arrojar muchas luces sobre el golpe y sus protagonistas.

Finalmente, todo parece indicar que el expresidente Mauricio Macri y su lugarteniente y exministra de Seguridad Patricia Bullrich tendrán, también, que enfrentar a la Justicia boliviana. Una vieja maldición gitana reza: "Entre abogados te veas" y parece que el exmandatario y su entorno darán trabajo a varios de ellos, también en Bolivia.