Un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad de la provincia de Salta logró desbaratar lo que pudo haber sido una tragedia armada en el ámbito gremial. Efectivos policiales interceptaron en los accesos a la localidad de General Güemes a dos vehículos pertenecientes al Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo en los que se trasladaban altos directivos de la seccional mendocina con un arsenal de armas de guerra, municiones y elementos de ataque. El objetivo, según las denuncias de la federación nacional, era sabotear por la fuerza un acto de la oposición interna.
El operativo preventivo se concretó en la ruta nacional 9/34, cerca del Parque Industrial local, tras alertas de inteligencia criminal que daban cuenta de un enfrentamiento previo registrado horas antes en la zona de Metán.
El arsenal incautado y la jerarquía de los detenidos
Al inspeccionar dos camionetas 4x4 procedentes de Mendoza, el personal de Infantería, la Brigada de Investigaciones y la Dirección General de Seguridad Vial constató que los ocupantes no eran manifestantes de base, sino miembros de la Comisión Directiva de la seccional de Cuyo, nucleados bajo la conducción de Gabriel Barroso.
Los ocupantes se encontraban parando en Salta Capital desde el día previo, burlando así los controles fronterizos de la provincia. Durante la requisa de las camionetas, los agentes secuestraron:
·Armamento pesado: Pistolas calibres .40 y 9 milímetros (catalogadas como armas de guerra), además de rifles de aire comprimido de diversos calibres.
·Municiones y pertrechos: Más de 200 cartuchos aptos para el disparo.
·Elementos de agresión: Gran cantidad de clavos "miguelitos", bates de béisbol y armas blancas.
A pesar de que las ocho personas contaban con las credenciales de legítimo usuario validadas por la ANMaC y el ex-RENAR, las autoridades judiciales determinaron que el traslado de semejante poder de fuego en el marco de una disputa gremial carecía de justificación legal. Paralelamente, en la ruta provincial 11 (sector de Madre Vieja), se interceptó un micro con 42 pasajeros donde otros tres individuos fueron retenidos con armas blancas y más miguelitos en su poder, elevando a once la cifra de imputados a disposición de la Fiscalía Penal de General Güemes.
Acusaciones cruzadas y repudio institucional
La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), entidad que auspiciaba el evento saboteado, apuntó sus cañones directamente contra los líderes seccionales. El conductor nacional de la federación, Tomás Mario Lavia, responsabilizó penal y políticamente a Gabriel Barroso (Cuyo) y a Sebastián Barrios (Salta y Jujuy) por haber coordinado la ofensiva.
“Lo que ocurrió en Salta es gravísimo. Acá no estamos hablando de una discusión gremial o de diferencias internas: estamos hablando de personas trasladándose a un acto sindical con armas y municiones. La rápida intervención de la Policía evitó una tragedia”, sentenció Lavia.
A través de una circular oficial, el secretariado nacional remarcó que el episodio representa un hecho inédito y oscuro en la historia de la organización, advirtiendo que convocarán a los tribunales de disciplina interna para aplicar las sanciones más severas a los responsables. "No podemos naturalizar que en la vida sindical aparezcan prácticas de intimidación o violencia", agregaron.
El trasfondo de la interna
La cumbre que se pretendía boicotear mediante el uso de la fuerza era la inauguración formal de la Agrupación Azul y Blanca, una línea interna de trabajadores del sector de refinerías, gas y yacimientos. El mitin congregaba a unos 250 delegados llegados desde el Chaco, Santiago del Estero y Buenos Aires. El blindaje policial en el perímetro de General Güemes impidió que tanto el ala armada mendocina como otro colectivo con unos 30 opositores procedentes del norte provincial lograran aproximarse al epicentro del evento.
