La Justicia Federal dictó una sentencia ejemplar contra tres integrantes de una comunidad que sometieron a una niña de 13 años a servidumbre, violencia y explotación bajo la excusa de "rituales culturales".
En una resolución que marca un precedente sobre la prevalencia de los derechos humanos por encima de los mandatos culturales, el Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a Alberto Cristo (45), Isabel Cristo (46) y su hijo Franco (24) a la pena de 10 años de cárcel. Se los halló culpables del delito de trata de personas agravada, tras haber "comprado" y esclavizado a una menor de edad durante tres años.
Una vida de cautiverio y violencia
El calvario de la víctima comenzó entre marzo y abril de 2022 en la provincia de Neuquén. Allí, mediante el pago de 825 mil pesos a los progenitores de la niña, el matrimonio Cristo concretó una "unión forzada de hecho" para su hijo Franco. La menor, que en ese momento tenía apenas 13 años, fue desarraigada y trasladada a Santa Fe.
Según la investigación fiscal, la adolescente no solo fue obligada a iniciar su vida sexual y enfrentar embarazos precoces, sino que fue sometida a un régimen de reducción a la servidumbre. El fallo describe un escenario de crueldad extrema:
·Explotación laboral: Era obligada a realizar venta callejera bajo cualquier clima, incluso enferma o embarazada, entregando todo el dinero bajo amenaza de hambre.
·Torturas físicas: La joven presentaba marcas de quemaduras con cigarrillos y agua caliente, además de constantes agresiones físicas y verbales.
El escape y el rescate en Caucete
El caso salió a la luz gracias a un intento de fuga desesperado en la localidad sanjuanina de Caucete. En un descuido de sus captores, la joven intentó huir con su hijo en brazos en una estación de servicio. A pesar de ser recapturada por la fuerza, un testigo alertó al 911, lo que permitió que la Unidad Rural N° 1 interceptara el vehículo y rescatara a las víctimas.
Justicia con perspectiva de infancia
El juez Daniel Doffo, en sintonía con el pedido del Ministerio Público Fiscal, subrayó que ninguna pauta cultural de una minoría puede estar por encima de las leyes nacionales e internacionales de protección a la niñez.
Además de la condena de prisión, el tribunal ordenó una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima, destinada a compensar el daño moral y material sufrido. Asimismo, se dispuso que la sentencia sea comunicada en un "lenguaje claro" a las comunidades involucradas para concientizar sobre la ilegalidad del matrimonio infantil en Argentina.
En el proceso intervinieron organismos especializados como la PROTEX y la Coordinación Nacional de Rescate, quienes enfatizaron que a los 13 años una persona carece de la madurez emocional y física para consentir este tipo de uniones, las cuales interfieren gravemente en el desarrollo de la identidad y la salud integral.
