En un operativo certero que incluyó billetes marcados, certificaciones notariales y vigilancia encubierta, la Justicia de Misiones desbarató una presunta red de extorsión que operaba dentro de la División Investigaciones de la Unidad Regional I. Tres policías fueron detenidos tras ser denunciados por exigir cifras millonarias a un empresario a cambio de "limpiar" su situación procesal.
La trampa: billetes certificados y entrega vigilada
La investigación, bajo la tutela del juez Juan Manuel Monte (Instrucción 2), cobró impulso cuando Carlos C. (45), dueño de una distribuidora sobre la avenida Vivanco, decidió no ceder ante las presiones. El comerciante aportó pruebas contundentes: grabaciones de audio y registros fílmicos de las exigencias económicas de los uniformados.
Para garantizar la validez de la prueba, se realizó una certificación ante escribano público de la numeración de los billetes que serían entregados como parte de la "coima". El miércoles por la noche, durante un procedimiento de entrega vigilada en la distribuidora "Anali S.R.L.", agentes de Drogas Peligrosas interceptaron al oficial auxiliar Rodrigo R. justo después de recibir el pago.
Las pruebas del ilícito
Al momento de la requisa, la Policía Científica halló en poder del oficial la suma de $1.200.000 (distribuidos en 60 billetes de $20.000). El cotejo fue inmediato: los números de serie coincidían exactamente con el acta notarial confeccionada previamente. Además del dinero, la Justicia secuestró una motocicleta Honda Twister 250 utilizada por el efectivo.
Tras esta captura inicial, el magistrado ordenó la inmediata detención de otros dos integrantes de la UR-I, quienes estarían vinculados a la maniobra.
El trasfondo: un conflicto comercial utilizado para extorsionar
Según se desprende del expediente, la banda policial intentó aprovecharse de un conflicto legal previo del comerciante —derivado de la disolución de una sociedad con un ex socio— para amedrentarlo. Los efectivos le aseguraban que, a cambio del dinero, podían evitar que el Juzgado ordenara su detención en dicha causa penal.
Medidas preventivas y peritajes técnicos
Desde la Jefatura de Policía confirmaron que los tres implicados han sido apartados de sus funciones de manera preventiva. Asimismo, se dispusieron medidas para blindar la transparencia de la pesquisa:
·Secuestro de dispositivos: Los teléfonos celulares de los implicados fueron incautados.
·Peritaje externo: La extracción de datos estará a cargo de la SAIC (Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas) y no del área de Cibercrimen de la propia policía, buscando garantizar la máxima objetividad en el análisis de las comunicaciones.
La causa se mantiene bajo estricto secreto de sumario. Mientras se analizan los mensajes y llamadas de los sospechosos, no se descarta que la red de complicidades sea más amplia dentro de la fuerza de seguridad provincial.
