La justicia bonaerense investiga bajo una carátula penal gravísima la muerte de Jésica Coria, una docente de 44 años que falleció tras una agonía de una semana. El hecho ocurrió en la localidad de Virreyes, cuando la mujer accionó el interruptor del baño y una acumulación de gas provocó un estallido fulminante que le causó quemaduras en el 60% de su cuerpo.

El eje de la acusación: Advertencias ignoradas

El círculo íntimo de la docente, quien era madre de tres hijos y trabajaba en varias instituciones educativas de la zona, sostiene que la tragedia era evitable. Según las denuncias, Coria ya le había advertido formalmente al propietario del complejo de departamentos sobre el persistente olor a gas en la vivienda.

La familia apunta contra el dueño no solo por la falta de mantenimiento, sino por una supuesta maniobra de encubrimiento:

Aseguran que el propietario contrató a un gasista mientras la docente estaba internada para modificar la instalación.

La sospecha es que intentó simular que el suministro de gas estaba interrumpido antes del estallido para eludir su responsabilidad.

Vecinos del complejo, donde residen otras ocho familias, refuerzan la denuncia señalando instalaciones eléctricas y de gas precarias en todo el predio.

La situación judicial

La causa ha sido caratulada como estrago doloso seguido de muerte, un delito que prevé una escala penal de entre 8 y 20 años de cárcel. La investigación está bajo la órbita del Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, con la intervención de la Fiscalía Correccional de San Fernando.

En medio del dolor, este lunes 4 de mayo se realiza una marcha en la esquina de Avellaneda y Málaga para exigir justicia y alertar sobre el riesgo que corren los demás inquilinos del lugar.