Tras la desaparición de 120 armas de fuego de depósitos oficiales en Roca y Villa Regina, la Fiscalía General desplazó a los investigadores locales. El fiscal jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, desembarca en la causa con un grupo especial para determinar las complicidades internas.

La gravedad del faltante de armamento bajo custodia del Estado rionegrino obligó a una movida estratégica en el tablero judicial. Para aventar cualquier duda sobre la objetividad del proceso, el fiscal general Fabricio Brogna decidió que la causa sea conducida por funcionarios ajenos a la Segunda Circunscripción, delegando la responsabilidad en el fiscal jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna.

Blindaje a la transparencia

La resolución oficial fundamenta el apartamiento de los fiscales locales (Gastón Britos Rubiolo y Teresa Giuffrida) bajo la premisa de evitar "suspicacias". La complejidad del caso, que involucra el propio corazón del sistema judicial, exige una neutralidad absoluta para investigar a quienes tenían la custodia de los elementos secuestrados.

El equipo liderado por Márquez Gauna se completa con:

·La fiscal de caso Rocío Guiñazú.

·La fiscal adjunta Vanesa Giardina.

·La jefa de despacho Romina Nuñez.

Una falla sistémica bajo la lupa

Lo que comenzó como un hallazgo fortuito en un control policial de rutina en marzo —donde se encontró un arma que teóricamente debía estar guardada en un subsuelo judicial— terminó revelando un agujero negro en la seguridad:

General Roca: Desaparecieron 106 unidades del depósito del edificio de tribunales y otras 5 de un armario de la fiscalía.

Villa Regina: Se confirmó la sustracción de 8 armas adicionales a finales de 2025.

Sumarios y responsabilidades

Mientras la vía penal busca determinar si hubo un plan delictivo organizado, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) mantiene abiertos expedientes administrativos contra dos funcionarios y un empleado de la Oficina Judicial.

La investigación apunta a los responsables de las llaves y el acceso a los sectores de secuestros. El interrogante principal que deberá responder el nuevo equipo fiscal es cómo se pudo retirar semejante volumen de armamento de tres áreas distintas sin que se detectara a tiempo ninguna vulneración en los protocolos de resguardo.