Una investigación iniciada por un decomiso récord en el barrio Las Rosas derivó en una situación judicial inédita. El Ministerio Público Fiscal formuló cargos no solo contra el principal sospechoso de acopio de estupefacientes, sino también contra quien ejercía su defensa técnica, el abogado Facundo Trova, tras ser hallado con sustancias prohibidas en un hotel de la ciudad.
El origen: 10 kilos de droga en una vivienda
La causa se precipitó el pasado 3 de abril, cuando un procedimiento policial en una propiedad alquilada permitió el secuestro de casi 10 kilogramos de sustancias. El fiscal jefe Gastón Ávila encabezó la acusación contra Sergio Sandro Flores, el inquilino del inmueble.
En el lugar se incautaron:
·4.983 gramos de cocaína y 4.855 gramos de marihuana.
·Armas de fuego de grueso calibre y dinero en efectivo.
·Herramientas de dudosa procedencia.
Flores fue imputado por tráfico de estupefacientes, tenencia con fines de comercialización, tenencia ilegítima de arma de guerra y encubrimiento. El juez de garantías dictó dos meses de prisión preventiva, considerando el riesgo de fuga y entorpecimiento.
El escándalo: De defensor a imputado
La sorpresa judicial llegó apenas 24 horas después. La fiscal Inés Gerez formuló cargos contra el abogado Facundo Trova, quien hasta ese momento representaba legalmente a Flores. Según la acusación, el letrado fue sorprendido en un hotel céntrico el 4 de abril con 140,3 gramos de cocaína y 18,5 gramos de marihuana en su poder.
La fiscalía le atribuyó los delitos de:
1.Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
2.Tenencia de arma de guerra.
Resoluciones dispares
Pese a la similitud de los cargos por narcotráfico, el destino procesal de ambos fue distinto. Mientras el primer imputado permanece tras las rejas, el juez Borgonovo rechazó el pedido de prisión preventiva para el abogado Trova. El magistrado dispuso que el profesional continúe el proceso en libertad, bajo la condición de presentarse diariamente en la Comisaría 23°.
Impacto institucional
El caso genera una profunda preocupación en el ámbito judicial y legal, no solo por la magnitud del secuestro inicial —uno de los mayores en la historia reciente de la zona— sino por la implicancia de un auxiliar de la justicia en la misma red delictiva que debía asistir legalmente. La investigación continúa abierta para determinar posibles nexos entre ambos hechos.
