La Justicia Federal desarticuló una compleja red de explotación sexual que operaba a metros del cementerio de la Recoleta. El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de nueve hombres vinculados al local “D’Lirio”, un establecimiento que funcionaba como bar y discoteca, pero que en realidad servía de pantalla para una red de trata que victimizó a medio centenar de mujeres, incluyendo a dos menores de edad.

El "operativo pantalla" y el millonario embargo

La resolución judicial no solo procesa a los responsables, sino que avanza sobre la estructura económica de la organización. Casanello ordenó:

·Embargos récord: Se fijaron sumas por un total de 7.800 millones de pesos.

·Restricciones: Prohibición de salida del país para todos los imputados e inhibición general de bienes de la firma Gran Recoleta S.A., la sociedad utilizada para dar apariencia de legalidad al negocio.

·Vigilancia: Los acusados tienen prohibido acercarse a las víctimas, mientras la justicia analiza movimientos bancarios que superaron los 1.500 millones de pesos entre 2021 y 2025.

Reclutamiento y sistema de explotación

La investigación, coordinada por la fiscal Alejandra Mángano y la PROTEX, reveló un esquema de captación basado en la vulnerabilidad:

Ofertas engañosas: A través de redes sociales, las mujeres eran convocadas para realizar "presencias" o "copas" con pagos que apenas cubrían traslados (entre 7.000 y 20.000 pesos).

Control estricto: Una vez en el local de la calle Vicente López al 2100, eran sometidas a un sistema de multas por llegadas tarde y vigilancia constante por cámaras y personal de seguridad.

Inducción al "pase": Debido a lo exiguo del pago base, muchas víctimas eran empujadas a aceptar encuentros sexuales en hoteles cercanos, por montos de los cuales la organización retenía una parte sustancial.

El regreso de un esquema conocido

Un dato clave de la investigación es que D’Lirio funcionaba como la continuación encubierta de Madaho’s, un emblemático prostíbulo de la zona que ya había sido clausurado años atrás por delitos similares. La estructura jerárquica incluía desde administradores y reclutadores hasta "públicas", encargados de captar mujeres bajo falsas promesas de trabajo en el ámbito nocturno.

La caída de la red

La causa se inició en abril de 2022 tras una denuncia anónima a la Línea 145. El allanamiento final, realizado en julio del año pasado, permitió rescatar a las víctimas y confirmar que el boliche era un "espacio de explotación clandestina".

El juez procesó a cinco de los implicados como coautores de trata agravada y a otros cuatro como partícipes necesarios. Según el fallo, la fachada empresarial fue fundamental para que las víctimas aceptaran condiciones de abuso bajo una falsa imagen de institucionalidad.