La llegada de un nuevo ciclo lectivo reabrió la polémica en torno al "Último Primer Día" (UPD), pero esta vez el foco no estuvo en los desmanes juveniles, sino en el choque entre la estrategia municipal y la organización parental. Un colectivo de padres y madres de cinco instituciones educativas de la capital neuquina denunció que una iniciativa privada, diseñada específicamente para garantizar la seguridad de los alumnos, fue cancelada bajo presión oficial, lo que —según advierten— empuja a los adolescentes a la desprotección de la vía pública.

Una alternativa frente al descontrol callejero

A diferencia de la lógica del festejo espontáneo, familias de colegios como el CPEM 46, 54 y la EPET 8, entre otros, habían articulado un dispositivo de contención mediante grupos de mensajería. La propuesta consistía en el alquiler de un salón de eventos habilitado, con un riguroso esquema de custodia que preveía la presencia de un adulto responsable por cada diez estudiantes. El objetivo era claro: ofrecer un entorno cerrado, con pautas de consumo preestablecidas y acompañamiento permanente para evitar que los 103 jóvenes involucrados terminaran deambulando por las calles durante la madrugada.

El conflicto con la fiscalización municipal

La controversia estalló cuando, según el relato de los organizadores, inspectores de la comuna habrían advertido al propietario del local sobre posibles sanciones severas, incluyendo la caducidad de su licencia comercial por un año, si permitía la realización del evento bajo la etiqueta de "UPD". Ante el temor de perder su fuente de trabajo, el comercio dio marcha atrás, dejando la planificación familiar sin efecto.

Este accionar fue calificado por los padres como una medida contradictoria y discriminatoria. Los tutores plantean un interrogante de difícil respuesta para las autoridades: ¿cuál es el criterio legal que permite celebrar fiestas de 15 o 18 años con menores y consumo de alcohol en esos mismos salones, pero prohíbe un evento de egresados que cuenta con supervisión directa de sus progenitores?

Prevención versus prohibición

El comunicado difundido por las familias critica lo que consideran una "lógica de prohibición ineficaz". Sostienen que el ritual del UPD es una realidad instalada que no desaparece con decretos, sino que simplemente se desplaza hacia zonas menos seguras. Al clausurar las opciones de "espacios cuidados", los padres entienden que el Estado municipal desincentiva el compromiso de las familias que intentan ejercer un rol activo en la reducción de riesgos.

La discusión en Neuquén queda así planteada como un caso testigo sobre los límites de la intervención estatal: si la prioridad debe ser el control administrativo punitivo o si se debe fomentar la articulación con los adultos responsables para que las celebraciones juveniles transcurran bajo marcos de previsibilidad y cuidado.