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La investigación judicial por la distribución de fármacos contaminados ha dado un giro dramático. El Juzgado Federal N° 3 de La Plata, liderado por el juez Ernesto Kreplak, ratificó que el número de víctimas fatales vinculadas al uso de fentanilo adulterado escaló a 111 personas, tras un minucioso relevamiento de historias clínicas en todo el país.


El saldo del brote infeccioso

La pericia médica, desarrollada durante el primer tramo de 2026, no solo confirmó el centenar de decesos, sino que identificó un universo total de 159 víctimas directas. Este grupo se desglosa de la siguiente manera:

·Fallecidos confirmados: 111 pacientes cuya muerte fue acelerada o causada por el suministro del analgésico.

·Sobrevivientes con secuelas: 48 personas que lograron superar el cuadro agudo pero que enfrentan daños irreversibles, incluyendo fallas orgánicas crónicas y discapacidades permanentes.

El origen: Fallas críticas de laboratorio

El foco de la causa permanece sobre los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo SA. Las pruebas de laboratorio detectaron que los lotes 31202 y 31244 estaban infectados con un cóctel de bacterias multirresistentes (como Klebsiella y Ralstonia).

Estas bacterias, que no deberían estar presentes en un ambiente estéril de fabricación, desataron bacteriemias letales en pacientes que ya se encontraban en estado vulnerable dentro de unidades de cuidados intensivos.

Implicancias para los 14 imputados

La confirmación de que las muertes pasaron de 20 a 111 cambia radicalmente el escenario para los procesados, entre los que se encuentran Ariel García Furfaro (dueño de la firma) y gran parte de su cúpula directiva y técnica.

La Justicia citará nuevamente a los 14 implicados para que respondan por este volumen masivo de víctimas.

La carátula de "adulteración de sustancias medicinales en concurso con peligro para la salud pública" ahora se sostiene sobre una escala de daño mucho mayor, con expectativas de condena que podrían alcanzar los 25 años de prisión.

Los abogados de las familias ya no solo apuntan a los empresarios, sino que exigen investigar el rol de la ANMAT y de las autoridades de salud por deficiencias en la supervisión de los procesos industriales.

Mientras la Cámara Federal de La Plata evalúa las apelaciones de las defensas, el Cuerpo Médico Forense continúa analizando las secuelas psicológicas y físicas de los sobrevivientes. Se estima que la elevación a juicio oral ocurrirá a mediados de 2026, en lo que se perfila como el proceso judicial más importante en la historia de la industria farmacéutica argentina.