El juez Gustavo Pérez Urrechu dictó prisión preventiva para catorce ex altos mandos de la Unidad Regional II (URII) de la Policía de Santa Fe, acusados de integrar una "asociación ilícita" que desfalcó al Estado a través de la sobrefacturación y cargas "fantasma" de combustible para patrulleros. El fallo del magistrado, emitido tras tres jornadas de audiencia, acorrala a la cúpula de la fuerza, incluyendo al extitular Daniel Acosta y a su secretario privado, Rodrigo Domínguez.
La medida cautelar, que valida la imputación por peculado y cohecho pasivo, tendrá vigencia hasta el 14 de mayo, a la espera de una acusación formal por parte de la Fiscalía.
La trama de la sobrefacturación y los retornos en sobres
La investigación, liderada por el fiscal José Luis Caterina, reveló un esquema de fraude orquestado en connivencia con la estación de servicios Gas Auto Tiferno SA (bandera Puma).
El acuerdo ilegal, detectado entre mayo de 2023 y mayo de 2025, consistía en lo siguiente:
1.Sobrefacturación y cargas fantasma: Se utilizaban tarjetas Visa-Flota (un sistema prepago para los móviles) para facturar cargas de combustible que nunca se realizaban o cuyo volumen era exagerado. La Fiscalía demostró el fraude con el uso de GPS que indicaban que móviles que "no se movían" figuraban como abastecidos.
2.Retornos quincenales: Una vez que el dinero provincial ingresaba a la estación de servicios, la firma entregaba retornos en efectivo a las secciones policiales. Estos "retornos" representaban un porcentaje de la ganancia ilícita.
"Esta decisión era lo que habíamos pedido: que pudieran quedar en prisión preventiva y la validación de la imputación por asociación ilícita," señaló Caterina, recordando que la causa abarca a 28 personas y que la conducta de los imputados fue acreditada con múltiples evidencias, incluyendo fotografías de jefes policiales retirando sobres de dinero de las oficinas de la estación.
La declaración clave de un imputado colaborador
Un elemento central que impactó al juez fue la declaración de un imputado colaborador (arrepentido). Este testigo clave no solo detalló el mecanismo del fraude, sino que también expuso el clima de "presión permanente" ejercido por Acosta y Domínguez para aumentar la recaudación ilegal.
El colaborador relató la creación de la "Oficina de Gestión de Multas (OGM)", un presunto eufemismo utilizado para sancionar a los jefes de Cuerpo que no cumplían con la entrega de dinero. Las "multas" no eran económicas, sino que se saldaban con la entrega de bienes de lujo:
"Si te atrasabas con un pago, te cobraba una multa... La mayoría de las multas eran asados para 10 personas, una caja de vino Luiggi Bosca, whisky. En una ocasión... me pidió un whisky que yo no lo podía comprar. No recuerdo el nombre, pero era de esos azules famosos y valía como 400 mil pesos."
Acosta intentó desestimar esto como una broma entre amigos, pero el fiscal Caterina logró que el juez convalidara que estas presiones están acreditadas en la causa a través de escuchas telefónicas y peritajes. De hecho, la investigación reveló una fotografía de Acosta en una oficina de la URII con tres cajas de whisky de alta gama detrás de él.
Codicia y destrucción de evidencia
El juez Pérez Urrechu se habría mostrado impactado por la "codicia" de la banda, que pasó de la sobrefacturación a la creación de múltiples facturaciones enteramente "fantasma".
El fiscal destacó que, tras los allanamientos de mayo, dos móviles policiales que eran usados exclusivamente para generar facturación fraudulenta fueron incendiados en un intento de borrar evidencia. Además, se denunció que los jefes se aprovecharon de la emergencia en seguridad pública, la cual demandaba una alta inyección de fondos para patrullaje, para incrementar el monto del desfalco.
Caterina concluyó que el desbaratamiento de la maniobra generó un ahorro tangible para el Estado: el gasto en combustible de la URII, que en mayo de 2023 era de 403 millones de pesos, se redujo a 330 millones luego de los allanamientos.
