Una residente de Villa La Angostura ha desatado un conflicto legal de alto voltaje al denunciar a quien gestionó sus propiedades por más de una década, acusándolo de apropiación indebida, acumulación de deudas fiscales superiores a los tres millones de pesos y, lo más grave, de permitir actividades cuestionables en uno de los inmuebles.

El caso, que ya está en manos de la policía y la justicia, expone un quiebre de confianza que resultó en perjuicios económicos y morales para la propietaria.

Deudas ocultas y daño material

La denunciante, que viajó para recuperar el control de sus dos viviendas en el barrio El Once, se encontró con una cadena de sorpresas desagradables. Primero, el exadministrador se negó rotundamente a entregar las llaves. Luego, al acceder a la documentación oficial, constató la existencia de pasivos que superan los $3.000.000 en

Rentas, más otros $170.000 adeudados al municipio.

"Durante años me garantizó que los impuestos estaban al día y que las casas se cuidaban, pero todo era falso," declaró la vecina al medio local Diario Andino.

El deterioro de los inmuebles es otra arista del conflicto: la dueña verificó la desaparición de electrodomésticos, muebles y luminarias. Camas nuevas fueron descartadas, y objetos como un futón, una mesa ratona y hasta una heladera ya no estaban en su sitio, evidenciando un total abandono del mantenimiento y un posible vaciamiento del lugar.

El detalle vecinal: ruidos y subalquiler ilegal

A la dimensión económica se suma el repudio de los vecinos, cuyos testimonios revelan el presunto uso que se le daba a una de las casas. Según las denuncias vecinales, la propiedad habría sido escenario de reuniones y ruidos molestos que escalaron a la categoría de actividades sexuales grupales en el garaje, el cual, además, habría sido subarrendado sin la autorización de la dueña.

La propietaria afirmó que el garaje se subalquilaba "para esos fines", reforzando la sospecha de que el administrador se beneficiaba económicamente del inmueble de maneras ilícitas.

Acciones legales y previsiones contractuales

La propietaria ha iniciado un proceso judicial no solo por los daños patrimoniales, sino también por una denuncia penal por amenazas. Existía un contrato de por medio que estipulaba multas por cada día de retención del inmueble y un canon de alquiler mensual en dólares que nunca fue cumplido.

La ley es clara: el subalquiler sin consentimiento explícito del dueño constituye una grave violación contractual que permite la rescisión inmediata. Además, cualquier acto de coacción o intimidación se encuentra tipificado en el Código Penal con posibles sanciones. La damnificada ahora evalúa extender la responsabilidad legal a los garantes que permitieron que el vínculo contractual se mantuviera pese a los evidentes incumplimientos.