Matías Ozorio, señalado como la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano (alias “Pequeño J”) en el marco de la investigación por el crimen narco que cobró la vida de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, se negó a declarar este viernes ante el juez Carlos Adrián Arribas.
Ozorio, de 28 años y ciudadano argentino, fue capturado el martes en el distrito Los Olivos de Lima. Su llegada al país se produjo el jueves por la noche a bordo de un avión de la Fuerza Aérea, tras ser expulsado de Perú. La razón de la celeridad fue que Ozorio no tenía registro de ingreso legal al país andino, lo que permitió a las autoridades peruanas acelerar el procedimiento en lugar de iniciar una extradición formal.
El principal sospechoso de participar en el brutal crimen de tres mujeres en Florencio Varela, y señalado como la mano derecha de "Pequeño J", regresó a la Argentina este jueves. El sujeto fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, escoltado por agentes de Interpol, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Bonaerense.
El sospechoso, quien no tiene causas abiertas en Perú, fue expulsado de ese país luego de ser capturado por la Policía Nacional, un trámite que resultó más rápido que el proceso de extradición que deberá enfrentar "Pequeño J", el presunto líder de la banda, que podría demorar unos 60 días al ser ciudadano peruano.
El regreso y la negativa a declarar
El vuelo que lo trajo al país hizo escalas en Salta para cargar combustible. Al aterrizar en suelo argentino, efectivos del grupo GEOF lo aseguraron a sus lados y le informaron que quedaba a disposición del Estado y del Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza.
Fuentes del caso indicaron que el sospechoso se mostró tranquilo y se limitó a asentir con la cabeza, sin emitir declaraciones. Posteriormente, fue trasladado por agentes de la DDI de La Matanza, bajo la órbita del fiscal de Homicidios Adrián Arribas.
Pese a las especulaciones sobre la posibilidad de que aportara datos clave para esclarecer el brutal crimen, el acusado optó por no hablar ante los investigadores y fue llevado nuevamente a un penal.
Las sospechas de los investigadores
Según los investigadores del caso, existen pocas dudas de que el ladero de "Pequeño J" estuvo presente en la casa de Florencio Varela donde fueron asesinadas las víctimas, de 20 y 15 años.
La hipótesis apunta a que el sospechoso habría llegado a la escena a bordo del VW Fox de Víctor Sotacuro (detenido en Bolivia), con el objetivo de garantizar la ejecución del plan. En ese vehículo también viajaba Florencia Ibáñez, sobrina del remisero.
Allanamiento en la casa familiar
Horas antes de su captura en Perú, agentes de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA realizaron un allanamiento en la vivienda que el sospechoso compartía con su abuela (de nacionalidad paraguaya) y su madre, en el barrio porteño de Parque Patricios.
En el operativo, los detectives incautaron nueve teléfonos celulares, incluyendo uno de su madre, que serán peritados. El sospechoso fue descrito como un ex trader con numerosas deudas que vivía con su familia cerca de la villa 21-24 y la Zavaleta.
El detenido viajó custodiado por un amplio operativo de seguridad que incluyó efectivos de la Policía Federal y la Policía Bonaerense. Este viernes, Ozorio será indagado por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas.
El proceso de "Pequeño J" tardará hasta dos meses
La situación del principal acusado, "Pequeño J", es radicalmente diferente y se enmarca en un proceso más lento. Al ser un ciudadano peruano, su traslado a la Argentina requiere un pedido formal de extradición, lo que implica un complejo proceso judicial y diplomático.
El juez de Garantías N°4 de La Matanza, Fernando Pinos Guevara, ya está trabajando en la documentación necesaria. Las autoridades peruanas estiman que la extradición de Valverde Victoriano podría demorar entre 30 y 60 días.
El proceso depende de la documentación solicitada por Argentina, que será evaluada por las autoridades judiciales y la Cancillería de Perú. La diferencia en la condición migratoria ha marcado una disparidad significativa en el tiempo que ambos acusados tardarán en enfrentar a la justicia argentina.