Un reciente fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Tucumán ha sido catalogado como "un antes y un después" en la lucha contra la violencia de género en Argentina. La sentencia, que condena al Estado provincial y al exjuez Juan Francisco Pisa a indemnizar a la familia de la docente Paola Tacacho por su femicidio, establece un precedente inédito al responsabilizar a la Justicia por un crimen que se pudo haber prevenido.

La abogada especialista en derecho de familia, Florencia Collinet, explicó en un diálogo con Día Siete que el caso de Tacacho es un trágico ejemplo de las fallas del sistema. La docente había presentado 14 denuncias por acoso y hostigamiento contra un exalumno, pero la Justicia desestimó sus reclamos. La causa fue sobreseída, y el agresor, a quien las autoridades no controlaron, terminó asesinándola en 2020 en pleno centro de la capital tucumana.

La sentencia obliga al Estado y al exjuez a pagar más de 36 millones de pesos por daños y perjuicios. Según Collinet, este fallo es histórico porque, por primera vez, no solo se castiga a un magistrado por su mala praxis, sino que también se responsabiliza al Estado por el funcionamiento deficiente de sus instituciones. La abogada sostiene que la decisión judicial podría tener un impacto significativo, ya que "obliga" a los jueces a actuar con mayor cautela en casos de violencia de género para evitar ser condenados por inacción.