La jueza María Trinidad Chiabrera dictó una condena de 11 años de prisión para Nicolás Alejandro Toloza, un recluso de 28 años, por instigar un homicidio desde la cárcel. A pesar de su encarcelamiento, Toloza ordenó el asesinato de un joven de 19 años en abril de 2021. La pena fue unificada con una condena anterior, sumando un total de 24 años. La investigación no pudo determinar cómo Toloza obtuvo un teléfono móvil dentro del penal.

La víctima, Alejo “Pipi” Bravo, fue encontrada con tres disparos en la cara en un descampado del barrio Empalme Graneros. El autor material del crimen, Julián Aguirre, de 26 años, ya está detenido y se espera que pronto firme un juicio abreviado. El caso destaca un patrón preocupante en la región, donde los crímenes son coordinados desde el interior de las prisiones.

La escalada criminal de los involucrados

Tanto Toloza como Aguirre han estado involucrados en una serie de delitos graves. Toloza, hermano de un conocido delincuente, ya cumplía una condena de 16 años por intento de asesinato. Por su parte, Aguirre, a pesar de estar en prisión por portación de armas, fue imputado como uno de los líderes de una banda que sembró el terror en el barrio de Ludueña con extorsiones y homicidios. En un giro macabro, la fiscalía determinó que la ejecución de Bravo fue transmitida por videollamada, con Aguirre sosteniendo el celular en una mano y el arma en la otra.

A pesar de que el caso de Toloza se ha cerrado, las autoridades continúan investigando a Aguirre, quien aún enfrenta otras acusaciones que podrían derivar en una condena a prisión perpetua. La situación pone en evidencia el desafío de las autoridades para controlar el flujo de comunicación ilegal dentro de los penales, lo que permite a los presos seguir operando redes delictivas.