La fiscal del caso Silvia Moreira formuló cargos a dos varones que son familiares entre sí y que tenían para la venta más de dos kilos de cocaína y un kilo de cannabis sativa, además de plantas y cogollos.
La acusación la realizó el viernes último por la tarde junto a la asistente letrada Mariana Querejeta. Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) requirieron medidas cautelares para ambos acusados: prisión preventiva para uno de ellos, y prisión domiciliaria para el restante, con el argumento de que existe riesgo de que entorpezcan la investigación y de fuga.
Ambos pedidos fueron rechazados por la jueza de garantías Natalia Pelosso, quien dirigió la audiencia, razón por la cual la fiscal solicitó que un nuevo tribunal revise esa decisión.
En el contexto de una investigación realizada por la fiscalía de Narcocriminalidad y el departamento Antinarcóticos de la Policía provincial, el jueves pasado fueron allanadas dos viviendas en el barrio Valentina Norte Rural de la capital provincial, donde viven los acusados.
En el domicilio de J.A.M, en distintos ambientes, se encontraron 9,41 gramos de cocaína, 516 gramos de cannabis sativa, tres plantas y dos ramas de cogollos en proceso de secado, además de una balanza, dinero en efectivo y anotaciones referidas a la comercialización.
La fiscal del caso remarcó que J.A.M es quien realizaba la comercialización de la droga.
En tanto en el domicilio del otro acusado, cuyas iniciales también son J.A.M, ocurrió lo siguiente: al comenzar el procedimiento, se advirtió que J.A.M arrojó una caja hacia el patio de una casa lindante. Con la autorización de la propietaria, se la secuestró y en el interior se halló un paquete de nylon verde, que contenía 1 kilo de cocaína.
Además, en la vivienda se hallaron envoltorios de nylon con cocaína, recortes de nylon, dos balanzas, cannabis sativa y cogollos, junto con una bolsa de tela que contenía $2,8 millones en efectivo.
Este domicilio, puntualizó la fiscal, funcionaba como lugar de acopio de la droga.
La representante del MPF imputó a ambos familiares el delito de tenencia de estupefacientes para la comercialización, en calidad de autor.
“Ellos tenían una organización: una casa era de comercialización y la otra de acopio”, remarcó la fiscal, y destacó que “se manejaban con dinero en efectivo”.
Además, indicó que la cantidad de dosis halladas en ambas viviendas tienen un valor de aproximadamente $85 millones entre las de cocaína y las de cannabis.
Como medida cautelar, requirió que el dueño de la casa donde se hacía la comercialización, permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses. Y para el dueño de la casa que funcionaba como lugar de acopio, requirió que permanezca detenido con prisión domiciliaria, ya que tiene problemas de salud.
Entre los argumentos, planteó que existe riesgo de que no se sometan al proceso judicial y de que entorpezcan la investigación. “Se hizo investigación de dos meses; hay personas que fueron identificadas que son compradores y conocidos de los imputados”, sostuvo la fiscal del caso.
Las medidas cautelares fueron rechazadas por la jueza de garantías Natalia Pelosso, que dispuso la libertad de ambos imputados y la obligación de presentarse día por medio en una comisaría.
“El hecho fue descripto como un comercio cerrado. En parte lo que advierto es que eso limita el marco de afectación, más allá de que sea un delito de peligro abstracto (…) al ser cerrado es un número limitado de personas afectadas en su salud por esta comercialización”, indicó.
Agregó que “esto debe vincularse con el hecho de que en dos meses de investigación se vieron 48 movimientos sospechosos, es decir menos de un movimiento por día”, y que “cuando se habla de entorpecimiento hay contradicción entre comercio cerrado y que no haya un número de individuos identificados”.
Ante esta resolución, la fiscal planteó la revisión de la decisión con un nuevo tribunal.
Asimismo, la fiscal puntualizó tras la decisión que “usted (la jueza de garantías) manifestó que no estaban individualizados (los eventuales testigos que son consumidores), pero eso significaría exponer a los consumidores en esta audiencia y yo entendí que no correspondía hacerlo, pero no es que no están individualizados”.
Además sostuvo que “si se permite la comunicación (de los acusados con consumidores) sería frustrar desde ya la posibilidad de que podamos, con los recaudos necesarios, tener testimonios de consumidores”.
Ante este planteo, la magistrada también incluyó en la resolución la prohibición de contacto por cualquier medio de ambos acusados con las personas mencionadas como consumidores en el contexto de la investigación.
El plazo de investigación fue fijado en cuatro meses.
