La Justicia avanza en la investigación de la represión ocurrida el 11 de septiembre de 2024, cuando una protesta de jubilados frente al Congreso de la Nación en reclamo de un incremento de sus haberes fue brutalmente dispersada por las fuerzas de seguridad. Ayer, el juez federal Sebastián Ramos procesó al efectivo de la Policía Federal, Cristian Rivaldi, por abuso de autoridad en concurso real con lesiones leves, al haber rociado con gas pimienta a una madre y a su hija de 9 años.
La imagen de la pequeña Fabrizia Pegoraro llorando desconsoladamente por el dolor, junto al rostro de Rivaldi, quedó registrada y se convirtió en un símbolo de la jornada. Si bien el juez decidió no ordenar su detención, el procesamiento marca un precedente significativo.
Según consta en el escrito del juez Ramos, Rivaldi "arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad, apartándose de ese modo de la normativa vigente y aplicable al caso". El magistrado fue contundente al afirmar que "tanto la madre como su hija se encontraban en una posición de desventaja en cuanto al agresor que estaba parado y apuntó directamente a sus rostros sin motivo que justificara esa acción".
En otro tramo de su resolución, Ramos desestimó el descargo del imputado: "no hay motivo para dudar del testimonio de la querellante, las imágenes corroboran férreamente sus dichos. Contrariamente el descargo del imputado resultan inverosímil, no solo resulta llamativo que no haya visto a la niña, aún más las imágenes delatan que apuntó directamente a ella y a su madre sin reparo alguno y con toda intención disparó el gas".
La indagatoria de Rivaldi se había dispuesto en abril, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, tras analizar los videos que mostraron que "la actitud de Carla y Fabrizia Pegoraro, quienes se encontraban sentadas en la vía pública sin ejercer ningún tipo de resistencia intimidación y/o violencia, de ningún modo pudo -ni puede- considerarse una situación amenazante". A principios de mayo, el policía había presentado un extenso escrito en el que afirmó haber actuado "de acuerdo con lo ordenado por la Superioridad" y bajo las órdenes de la sala de "Comando Unificado de las Fuerzas Federales". Incluso, respecto a la menor, sostuvo que nunca la había visto e insinuó que nunca imaginó que una niña estaría "solapada en esos grupos violentos".
Estas afirmaciones no fueron suficientes para el juez Ramos, quien decidió avanzar con el procesamiento. Esta determinación judicial envía un mensaje claro a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad que, cada miércoles, participan en la represión de las protestas de jubilados. Entre ellos, aún se encuentra el gendarme Héctor Jesús Guerrero, señalado como el responsable del disparo de la granada de gas lacrimógeno que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo el pasado 12 de marzo. El joven fotógrafo continúa luchando por su vida, mientras las escenas de golpes, bastonazos y gas a los jubilados que reclaman por sus derechos en el Congreso se siguen repitiendo.