Por pedido de la fiscal del caso Gabriela Macaya, un tribunal colegiado resolvió, por unanimidad, declarar a un varón responsable por lesionar y privar de la libertad a su expareja.
Durante el juicio, la representante del Ministerio Público Fiscal requirió que el caso fuera analizado con perspectiva de género y afirmó que estaban presentes “todos los tipos de violencias que prevé la Ley 26485”. “Estamos ante una víctima con vulnerabilidad extrema, con dependencia emocional, incapaz de protegerse a sí misma y registrar la situación en la que está inmersa”, sostuvo durante su alegato.
La funcionaria del MPF pidió la declaración de responsabilidad y argumentó que de otro modo se estaría incumpliendo con los compromisos asumidos por el Estado, al suscribirse a los Tratados Internacionales que establecen la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia.
Luego de un cuarto intermedio, el tribunal, integrado por los jueces Diego Chavarría Ruíz y Richard Trincheri y la jueza Liliana Deiub, resolvió condenar a A.M.A, por los delitos de privación de la libertad y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
Por el beneficio de la duda, resolvió absorberlo por el los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación de la libertad, que según la acusación se había producido entre el 23 y 26 de febrero de 2024, pero para el tribunal, “no todos los hechos pudieron ser acreditados”.
La Oficina Judicial deberá fijar la fecha y hora de la audiencia en la que se va a determinar la pena que le corresponde cumplir.
Sentencia
El fallo de responsabilidad fue respecto al hecho cometido el 21 de marzo de 2024 a las 20. El acusado abordó a la mujer cuando salía de su domicilio, le apuntó con un arma de fuego, le quitó a su hija y la obligó a subirse al vehículo que él conducía. Luego mientras iban circulando ella intentó bajarse, pero el A.M.A, la tomó de los pelos, la golpeó en la cabeza con el arma y la amenazó con prenderla fuego. Finalmente, la mujer logró saltar del vehículo y fue hasta un destacamento policial, donde recibió ayuda.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo en el juicio que el imputado mantuvo a la mujer encerrada en su domicilio durante tres días, hasta el 26 de febrero. A.M.A no sólo la privó de su libertad, sino que además le quitó el teléfono para asegurarse de que no pudiera pedir ayuda.
El tribunal no coincidió con la acusación fiscal por un hecho de abuso sexual.
