El fiscal del caso Hernán Scordo solicitó que un varón que, en un contexto de violencia de género, agredió y amenazó a una mujer que era su pareja, continúe detenido con prisión preventiva.

Se trata de M.A.R, acusado por los delitos de lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con daño y amenazas simples y en concurso ideal con desobediencia de una orden judicial.

El fiscal explicó que en la primera audiencia, en la que se formularon cargos, una jueza de garantías hizo lugar al pedido de la prisión preventiva. “Entendió que era la medida más eficaz para cautelar el proceso”, indicó. Luego, la medida fue prorrogada por un mes más.

En ese contexto, y ante su vencimiento, Scordo requirió la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de un mes. Argumentó que, al igual que se planteó en las otras audiencias, los riesgos procesales de integridad para la víctima y de entorpecimiento de la investigación, continúan vigentes.

“No hubo ninguna modificación o nueva situación que haga morigerar la medida”, indicó Scordo. Asimismo, informó que junto a la defensa se encuentran en tratativas para arribar a una posible solución alternativa.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Diego Chavarría Ruíz, avaló la extensión de la prisión preventiva por el lapso que requirió el fiscal del caso.

El hecho

De acuerdo a la teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal el hecho fue cometido el 10 de septiembre de este año, alrededor de las 12:45, en la vivienda de la víctima ubicada localidad de San Martín de los Andes, en la que el imputado se metió sin autorización.

Al arribar la víctima, le planteó que no podía estar en la casa y le exigió que se fuera. El acusado, M.A.R, comenzó a insultarla y a golpear una pared de durlock de la vivienda a la cual rompió. Después, golpeó a la mujer, la lesionó, y la amenazó de muerte.

Con ese accionar el imputado incumplió una de las reglas de conducta que le impusieron en enero de este año, cuando lo condenaron a una pena de seis meses de prisión condicional por el delito de amenazas simples, daño y desobediencia a un funcionario público. Una de las reglas que debía cumplir era la de no ejercer actos de intimidación o perturbación hacia la mujer y su entorno familiar.