La fiscal del caso Eugenia Titanti formuló cargos contra un varón, al que le atribuyó haber intentado matar a su ex pareja. Encuadró la acusación en una serie de agresiones que conforman una escalada de violencia y pidió que quede detenido en prisión preventiva.

Se trata de J.E.M, a quien junto al asistente letrado Bruno Miciullo, Titanti le formuló cargos por “haber amenazado, lesionado, privado de la libertad e intentado matar” a una mujer que había sido su pareja, desobedeciendo una orden judicial que le impedía acercarse. “Dicha relación estuvo atravesada por un contexto de violencia de género, el cual se incrementó en diversos episodios de agresión física y psicológica por parte del imputado”, precisó Titanti durante la audiencia realizada hoy.

El primer hecho, según describió la fiscal de la unidad de Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales, fue cometido el 14 de enero de 2024, cuando J.E.M se encontraba junto a la víctima, que estaba internada. Tras discutir, el acusado “le quitó violentamente el suero que ella tenía colocado en uno de sus brazos, para luego tomarla del cuello y ejercer presión, generando una asfixia mecánica parcial”. Mientras a agredía, la amenazó con matarla si veía a otra persona. “Esta situación fue advertida por personal del hospital, que interrumpió el accionar del imputado y lo retiró del lugar”, agregó.

El segundo hecho de la formulación de cargos sucedió el día 28 de agosto de 2024, a las 23:30, cuando a bordo de un taxi que él conducía, el acusado se dirigió a la casa de la víctima para que ésta le devolviera un teléfono que había dejado horas antes en la vivienda. “Cuando la víctima se acercó a la ventanilla del lado del conductor del auto para devolverle el dispositivo, el imputado la tomó del brazo y aceleró el vehículo, provocando que la víctima cayera al suelo, sufriera golpes en sus extremidades y una herida en el rostro”, relató Titanti.

Según la teoría del caso de la fiscalía, el 14 de octubre del corriente año, el imputado volvió a presentarse en la casa de la víctima, quien subió al taxi, y comenzaron a circular por distintas partes de la ciudad. En el trayecto, J.E.M le suministró bebidas alcohólicas y, en un determinado momento “sin más, comenzó a agredirla verbalmente, recriminándole que le había sido infiel”. Más tarde, un joven que aún no pudo ser identificado subió al vehículo, y la víctima le pidió ayuda porque el imputado no la dejaba irse, pero ante la indicación del acusado, se bajó del auto. En ese momento, de acuerdo con la teoría de la fiscalía, el imputado comenzó a decirle que le iba a quebrar el brazo y comenzó a ahorcarla, mientras le reiteraba que la iba a matar. “Ante ello, la víctima intentó resistirse, gritando y empujando”, indicó Titanti, y explicó que el imputado la soltó cuando advirtió que “estaba siendo filmado” por una cámara del vehículo y que había terceros en la vía pública. Al descender del auto, la víctima quedó enganchada en un cinturón de seguridad y fue arrastrada por el imputado.

El último hecho que se le atribuyó durante la audiencia ocurrió el 29, cuando nuevamente el acusado interceptó a la víctima en la calle, le quitó la cartera, la tomó del cuello y le rompió el teléfono celular.

Titanti precisó que los dos últimos hechos se dieron mientras se encontraba vigente la prohibición de acercamiento y contacto del imputado hacia la víctima, dispuesta por un juez del fuero de Familia el 29 de agosto.

La representante del Ministerio Público Fiscal encuadró el accionar del imputado en los delitos de amenazas, lesiones agravadas, privación ilegítima de la libertad agravada, desobediencia a una orden judicial y homicidio agravado por haber sido cometido contra su ex pareja y por mediar violencia de género (tentativa), todo en concurso real y en calidad de autor (artículos 149 bis; 89 y 92; 139; 55 y 45 del Código Penal).

Prisión preventiva

Con el objetivo de proteger la integridad de la víctima, la fiscal solicitó la prisión preventiva del acusado por el plazo de 6 meses. Entro otros argumentos, explicó que se trata de un caso de violencia en el que la sucesión de hechos que se le atribuyen al imputado conforman una escalada de violencia, que debe ser detenida debido al riesgo que configura respecto de la víctima; además de que el imputado ha demostrado no acatar las órdenes judiciales.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Marco Lupica Cristo hizo lugar a la formulación de cargos, fijó el plazo de investigación en 4 meses y ordenó la prisión preventiva por 6 meses.