La fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega acusaron a un varón que, al ver en un comercio a una mujer con la que había mantenido un vínculo, buscó un arma, la persiguió y le disparó en tres oportunidades. Cómo ninguno de los proyectiles la impactó, le formularon cargos por tentativa de femicidio y pidieron que quede detenido en prisión preventiva.

Moreira y Jávega precisaron que, de acuerdo con la teoría del caso, el imputado cometió la agresión el 4 de abril, aproximadamente a las 11, en un sector de comercios de un barrio de la localidad de Centenario. En ese momento, M.D.C.M, que vive en cercanías del comercio, se presentó a bordo de un vehículo y comenzó a increpar a la víctima, a quien intentó golpear y le recriminó que le había dicho que no quería verla más por el sector. La mujer respondió a los golpes y el propietario del comercio salió a la vereda para interceder, pero el imputado se dirigió al auto, tomó un arma calibre 32 y volvió diciendo que la iba a matar. La víctima se refugió entonces en una casa contigua al comercio y M.D.C.M disparó al menos en tres oportunidades, sin lesionarla. Luego, el imputado intentó ingresar a la casa, pero debido a la resistencia de la víctima y al accionar del propietario del comercio, finalmente desistió del ataque y se fue del lugar.

La fiscalía encuadró los hechos en los delitos de homicidio agravado por violencia de género (femicidio) y por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con portación ilegal de arma de uso civil.

El asistente letrado explicó que el accionar del imputado se encuadra en un contexto de violencia de género, con episodios de agresiones e intimidaciones previas que no habían sido denunciados.

Jávega consideró que la víctima presenta una “extrema vulnerabilidad” y que siente temor por el accionar del imputado, quien vive en la casa contigua al domicilio de la nueva pareja de la mujer.

Tras escuchar a las partes, el juez Luis Giorgetti tuvo por formulados los cargos por la tentativa de femicidio y no tuvo en cuenta el concurso real con la portación de arma de uso civil. El magistrado también consideró el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de proteger a la víctima e hizo lugar al pedido de prisión preventiva planteado por la fiscal del caso y por el asistente letrado, y la ordenó por 6 meses.