En una audiencia de formulación de cargos realizada ayer en la ciudad de Chos Malal, la asistente letrada Natalia Rivera y el asistente letrado Víctor Salgado acusaron a un varón, L.A.M, por abusar sexualmente de un adolescente en la localidad de Andacollo. Además, pidieron que permanezca detenido en prisión preventiva.
El delito que le atribuyeron es abuso sexual con acceso carnal, en carácter de autor (artículos 119 tercer párrafo y 45 del Código Penal).
Durante la audiencia, Rivera y Salgado requirieron que L.A.M permanezca detenido en prisión preventiva por cuatro meses y argumentaron que existe peligro de entorpecimiento de la investigación. Además, solicitaron que por el mismo plazo se fijen las prohibiciones de contacto y de realizar actos de perturbación hacía la víctima y su grupo familiar, en forma directa o indirecta y por cualquier medio.
La teoría del caso que describieron los representantes del Ministerio Público Fiscal fue que el hecho ocurrió el 3 de marzo pasado cerca de las 12:25 en la vivienda L.A.M ubicada en Andacollo. El imputado pasó a buscar a la víctima por su domicilio debido a que iba a enseñarle a manejar. Luego, lo llevó a su casa y allí cometió los abusos.
La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia Daiana Zapata que intervino como querellante institucional en representación de la víctima del caso, adhirió a la formulación de cargos y a las medidas cautelares requeridas.
Tras tomarse un cuarto intermedio para resolver, la jueza de garantías Bibiana Ojeda avaló la formulación de cargos de acuerdo al requerimiento de las partes acusadoras. En relación a las medidas solicitadas, fijó prisión domiciliaria por cuatro meses y las prohibiciones absolutas de contacto y de realizar actos de perturbación hacía la víctima y su grupo familiar, en forma directa o indirecta por cualquier medio.
Después de resolver y ante un planteo de la fiscalía, referido a que no estaban dadas las condiciones de detención, la jueza de garantías dispuso la prisión preventiva por cuatro días para que la defensa del imputado ofrezca un nuevo domicilio donde pueda cumplirse la detención domiciliaria.
Finalmente, el plazo para que la fiscalía concluya la investigación quedó fijado en el que marca la ley: cuatro meses.
