El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Julieta González formularon cargos a dos empresarios y un empleado que, teniendo a su cargo la operación de una planta de residuos peligrosos, simularon ganancias por la realización de tratamientos que finalmente no se concretaron con el objetivo de obtener ventajas patrimoniales.

La empresa es Comarsa (Compañía De Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima) y la maniobra investigada, que abarca desde 2014 hasta la actualidad y sobre un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital, consiste en haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población.

Además de acusar a quienes apuntaron como responsables por la maniobra, el y la representante de la fiscalía solicitaron un embargo de los bienes de la empresa y de dos de los imputados hasta cubrir un total de U$7.000.000.

Los imputados son J.M.L, presidente desde el 1 de abril de 2014; accionista mayoritario y controlante de Comarsa; H.E.B; director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y que tuvo funciones delegadas de administración y control; y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, tenía la dirección del personal a su cargo y reportaba en forma directa a los otros dos acusados.

Desde la unidad fiscal de Delitos Ambientales se les atribuyó los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal; y 45 del Código Penal, en calidad de coautores); en concurso real con administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).

La participación de los tres comienza a partir de abril de 2014, pero por diferentes períodos: el fiscal jefe precisó la acusación hasta la actualidad sólo respecto de J.M.L, mientras que sobre las otras dos personas acusadas definió límites: H.E.B hasta enero de 2021 y F.A.P hasta septiembre de 2016. Además, los dos primeros fueron imputados como coautores, mientras que el último como partícipe necesario.

La acusación también es impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, ambas entidades en carácter de querellantes particulares. Su intervención en la causa tiene el aval de la fiscalía, pero ante un cuestionamiento de parte de las defensas, el juez de garantías ratificó su legitimidad.

Investigación

Los hechos ocurrieron a partir de 2014, en el predio de Comarsa en el parque industrial de Neuquén. En ese momento, la empresa se comprometió contractualmente con YPF S.A., su principal cliente; a recibir y someter a tratamiento residuos semi-sólidos, consistentes en lodo contaminado con hidrocarburos, mediante un horno de desorción térmica.

Según precisó el fiscal, Comarsa recibió residuos “por sobre su capacidad instalada de tratamiento”, lo que generó una acumulación de éstos dentro del predio. Breide Obeid agregó que mientras eso ocurría, la empresa emitió certificados y cobró por tratamientos no realizados. “Esta maniobra les permitió disimular la situación real para continuar recibiendo residuos peligrosos, mantener sus contratos y justificar ganancias para luego distribuir; y entorpeció las labores de contralor sobre la empresa”, afirmó.

Comarsa se ubica a menos de 500 metros de barrios densamente poblados de la Ciudad de Neuquén. Breide Obeid relató que en 2014 comenzaron las manifestaciones públicas en contra de la empresa ante “los malos olores y el humo negro que emanaban los hornos”.

En 2015 se publicó el decreto 2263, que obliga a las empresas que tratan residuos peligrosos a reubicarse fuera del ejido municipal y, al menos, a 8 kilómetros de distancia de asentamientos poblacionales estables. Comarsa presentó ante los organismos de control un plan de cierre y traslado de sus actividades a la localidad de Añelo. En tanto, la subsecretaría de Ambiente de la Provincia le prohibió a la empresa recibir nuevos residuos a mediados de 2017, pese a lo cual se detectaron ingresos de residuos peligrosos en al menos seis oportunidades más.

En Marzo de 2018, la empresa reconoció la existencia de volúmenes de residuos superiores a los inicialmente informados, lo que implicaba continuar operando los hornos más allá del cronograma establecido por el plan de cierre. “La empresa solicitó entonces autorización para tratar los residuos a través de biorremediación dentro de la misma planta; y para enviar al menos 200 mil metros cúbicos de suelo contaminado a un relleno de seguridad en Añelo”, precisó el fiscal jefe. Agregó que “este plan fue nuevamente incumplido por la empresa, que en marzo de 2023 abandonó totalmente el tratamiento de los residuos por biorremediación y el envío a disposición final”.

“Actualmente, permanecen acopiados en el predio y sin tratamiento alguno más de 210.000 metros cúbicos de residuos peligrosos, solo separados de la población circundante por 500 metros y un paredón de hormigón que se encuentra prácticamente caído”, afirmó.

De acuerdo con la acusación, los contratos con YPF S.A. le reportaron a Comarsa ingresos por más de $700 millones; que “se cobraron sin haber realizado el tratamiento de los residuos y sin asentar entre sus deudas los residuos pendientes de tratamiento”. Esto permitió a la empresa “simular ganancias y justificar la distribución de honorarios y dividendos”.

Caso complejo y embargos

Luego de que el juez a cargo de la audiencia tuviera por formulados los cargos, el fiscal jefe y la asistente letrada solicitaron la declaración de caso complejo. Argumentaron la necesidad de contar con plazos mayores de investigación –pidieron 1 año- dado el elevado número de víctimas, la complejidad de las pericias que restan realizar y que “la fiscalía considera que se trata también de un caso de delincuencia organizada”.

El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Breide Obeid y de la asistente letrada González y declaró el caso complejo. Igualmente, dispuso el embargo de bienes por la suma y las precisiones indicadas respecto de la empresa y, en el caso de los imputados como coautores, también de las cuentas bancarias.

Prohibición de salir del país

Los representantes de la unidad fiscal de Delitos Ambientales solicitaron también al juez que disponga la prohibición de salir del país durante, al menos, 4 meses, respecto de J.M.L y de H.E.B. Breide Obeid sostuvo que existe respecto de ambos el riesgo de no sometimiento al proceso. En este caso, el juez también hizo lugar.

El único planteo de la fiscalía que no prosperó tiene que ver con establecer una restricción de 1.000 metros desde los límites del predio para la radicación o avance de urbanizaciones. Respecto de esto, el magistrado consideró que se trata de iniciativas que deben regirse por trámites específicos y que requieren, por caso, la presentación de estudios que son evaluados en otras sedes administrativas que, además, no están representadas en la causa.