Por pedido de la fiscalía de Delitos Económicos, una jueza de garantías dictó 30 inhibiciones generales de bienes y 6 sobre propiedades inmuebles: una chacra y 5 casas. También dictó los embargos de 26 vehículos, 63 cuentas bancarias, 17 billeteras virtuales y una cuenta comitente; en todos los casos pertenecientes a los y las personas imputadas en el marco de la investigación por estafas con planes sociales.
De acuerdo a lo informado durante una audiencia realizada ayer por el fiscal del caso Juan Narváez y por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, se trata de prórrogas de medidas cautelares que estaban vigentes y de ampliaciones, de cara a la protección de los bienes mediante los cuales, ante una eventual condena, la fiscalía pretenderá resarcir parte del perjuicio generado.
Luego de confirmar la prórroga de la investigación por 8 meses, la jueza de garantías que dirigió la audiencia postergó hasta hoy al mediodía la resolución respecto del segundo planteo de la fiscalía.
Cumplido el plazo, la magistrada hizo lugar a las solicitudes y ordenó los embargos preventivos solicitados por la fiscalía y la inhibición general de bienes. La única excepción a los planteos abarcó una parte de las cuentas bancarias: el pedido de la fiscalía era por un total de 84 cuentas, pero la jueza aclaró que no podían ser alcanzadas las que se utilizan para percibir haberes, por lo que automáticamente, 21 de esas cuentas quedaron fuera de los embargos.
Hasta el momento, el perjuicio a las cuentas públicas alcanza los $153.377.900. La investigación fue prorrogada por 8 meses, entre otras cosas, porque resta analizar información para precisar ese monto.
La causa
La teoría del caso la fiscalía alcanza a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debido. Discrimina distintos niveles de responsabilidad, poniendo como jefes a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. Recientemente, la fiscalía amplió la acusación inicial y sumó en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
Además de quienes están señalados al frente de la asociación ilícita, hay otros 26 imputados e imputadas - entre particulares; empleados y empleadas del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda- con distintos niveles de participación en la maniobra.
Ya sea como jefes o como integrantes, todas las personas están acusadas por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal).
