El sostenimiento del superávit de las cuentas públicas y la desaceleración de los precios, dos de los principales estandartes de la actual administración nacional, muestran una contracara compleja en materia de distribución del ingreso. Distintos relevamientos de consultoras privadas coinciden en señalar que la contracción del gasto en el sistema de seguridad social se consolidó como el pilar fundamental para alcanzar el equilibrio financiero del Estado, afectando con mayor severidad a los beneficiarios de los escalafones más bajos.
De acuerdo con las mediciones sectoriales, el retroceso del poder de compra en el sector pasivo no afectó a todos los rangos por igual, lo que profundizó las brechas internas.
Mientras que los perceptores de la jubilación mínima experimentaron un marcado deterioro en su capacidad de subsistencia en el último bienio —agravado por el recorte en las coberturas de salud y la quita de subsidios tarifarios—, los segmentos que perciben ingresos equivalentes a tres haberes mínimos registraron una mejora real del 7,8%, evidenciando una creciente disparidad en la estructura previsional.
Licuación estructural y el impacto de la nueva fórmula
Un documento elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), entidad coordinada por Nadin Argañaraz, aclara que la erosión de los haberes mínimos responde a un proceso de carácter estructural que arrastra varios períodos de pérdidas consecutivas. No obstante, el informe puntualiza que desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, el poder adquisitivo de este universo retrocedió un 10,3% en términos reales.
El análisis técnico detalla que el proceso de licuación histórica de las jubilaciones, antes amortiguado de forma parcial por el andamiaje de asistencia estatal —como medicamentos gratuitos y tarifas protegidas—, sufrió una fuerte aceleración tras la devaluación de fines de 2023. A pesar de la posterior implementación de los incrementos mensuales indexados por decreto, el desfasaje temporal de la fórmula de movilidad frente a los picos inflacionarios iniciales terminó convalidando un piso de remuneraciones reales considerablemente inferior al de los promedios de los últimos diez años.
El bono congelado como herramienta de ahorro
Por su parte, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) cuantificó el impacto de esta dinámica en las arcas públicas, estimando que el Estado nacional obtuvo un ahorro cercano a los $7 billones a expensas de la caída del gasto previsional.
La principal herramienta utilizada como ancla nominal ha sido el congelamiento del bono compensatorio en un valor fijo de $70.000. Al no actualizarse en proporción a la inflación general, este suplemento fue perdiendo peso específico dentro del ingreso total de los sectores vulnerables.
Para ilustrar la brecha distributiva en el esquema actual, se observan los siguientes valores de referencia para el mes de abril:
·Haber mínimo real percibido: $450.286 (con el bono incluido).
·Valor de equivalencia requerido: $502.207 (monto necesario para igualar el poder de compra que tenía la mínima en noviembre de 2023).
·Segmento medio-alto (tres mínimas): $1.140.859.
Consecuencias sociodemográficas y contracción del consumo
El desfasaje se vuelve aún más crítico al constatar que la evolución de los precios en la canasta específica de la tercera edad —fuertemente influenciada por el rubro de fármacos y servicios médicos— corre por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general que releva el Indec.
Más allá de los argumentos oficiales que defienden la disciplina fiscal como el único camino para estabilizar la macroeconomía y generar confianza a largo plazo, los indicadores demográficos y de consumo encienden luces de alarma. Los especialistas advierten que la reducción del gasto previsional expresado en puntos del Producto Interno Bruto (PIB) deprime de forma directa el consumo interno, mientras los relevamientos sociales reflejan un incremento sistemático de la pobreza en los rangos etarios avanzados.
