A través de la Resolución 345/2026, el Ministerio de Economía oficializó la suspensión por seis meses de los derechos antidumping para la importación de aisladores de porcelana.

La medida, de carácter excepcional, responde al cese definitivo de operaciones de FAPA (Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino S.A.), la única firma que producía estos insumos críticos en el país.

El mercado se queda sin producción local

La decisión surge de un escenario atípico: fue la propia industria protegida la que solicitó levantar las restricciones aduaneras tras confirmar que ya no cuenta con capacidad productiva.

·Monopolio extinguido: FAPA concentraba el 100% de la fabricación nacional y abastecía el 70% del mercado interno.

·Desmantelamiento: La empresa notificó no solo el cierre, sino también la venta de toda su maquinaria, lo que anula cualquier posibilidad de reactivación a corto plazo.

Alerta en el sistema eléctrico

La Cámara de la Industria Electrónica (CADIEEL) y la Comisión Nacional de Comercio Exterior advirtieron que mantener los impuestos a la importación representaba un "riesgo operativo" para la red eléctrica nacional.

Al no haber stock local, los aranceles vigentes desde 2015 (que afectaban a productos de China, Brasil y Colombia) se habían transformado en un sobrecosto innecesario que amenazaba el mantenimiento de transformadores y redes de media tensión (hasta 60 kV).

Prioridad: abastecimiento y costos

Con esta flexibilización, el Gobierno busca:

1.Garantizar insumos: Evitar demoras en obras de infraestructura energética críticas.

2.Bajar costos: Permitir que las distribuidoras eléctricas accedan a repuestos esenciales sin recargos aduaneros.

3.Seguridad del servicio: Asegurar la disponibilidad de piezas clave para la estabilidad del suministro.

Esta resolución marca el final de una protección arancelaria que duró una década, desplazando la prioridad desde el resguardo de la industria nacional hacia la urgencia de mantener operativa la infraestructura energética del país.