A través de la Decisión Administrativa 1/2026, el Gobierno nacional ha establecido la hoja de ruta financiera para el presente ejercicio fiscal. Con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del titular de Economía, Luis Caputo, la normativa oficializa cómo se repartirán los recursos estatales y endurece los mecanismos de supervisión sobre cada partida presupuestaria.
Este despliegue administrativo no solo organiza los fondos para el funcionamiento cotidiano y la inversión pública, sino que introduce una estructura de control más rígida en un escenario de fuerte disciplina fiscal.
Superpoderes para la redistribución de partidas
Uno de los pilares de esta medida es la facultad otorgada a la Jefatura de Gabinete para segmentar y reorganizar los créditos presupuestarios. Bajo este esquema, el Ejecutivo podrá:
·Desglosar fondos: Dividir los presupuestos generales en categorías más específicas, como programas o actividades puntuales.
·Ajustar el destino: Reasignar recursos dentro de las jurisdicciones para garantizar que el gasto se alinee con las metas financieras del año.
·Optimizar el seguimiento: Implementar una vigilancia más estrecha sobre el flujo de dinero en cada área del Estado.
Restricciones estrictas en el empleo público
La nueva reglamentación impone un filtro severo a la expansión de la estructura estatal. A partir de ahora, la incorporación de personal y la gestión de vacantes quedan sujetas a condiciones de viabilidad técnica y financiera.
·Certificación de recursos: Antes de contratar, los organismos deben garantizar que el cargo está formalmente vacante y que el presupuesto para cubrirlo está disponible.
·Cadena de mandos: Cualquier modificación en la estructura jerárquica o creación de nuevos cargos requerirá el visto bueno de la Secretaría de Transformación del Estado y la Secretaría de Hacienda.
·Decisión final: Todo cambio de relevancia en la planta de cargos deberá contar, en última instancia, con la firma del Presidente de la Nación.
Contexto: El camino hacia el equilibrio fiscal
La distribución de estas partidas se da bajo la sombra del Presupuesto 2026, una ley marcada por la revisión exhaustiva del gasto. El objetivo de la Decisión Administrativa es dotar al Gobierno de las herramientas necesarias para cumplir con las proyecciones financieras, equilibrando la asignación de recursos entre las distintas carteras mientras se mantiene la austeridad como eje central de la gestión pública.
