Un reciente análisis económico realizado por el diputado nacional Guillermo Michel pone bajo la lupa la "letra chica" de la Modernización Laboral. Según el informe, la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) generaría un agujero fiscal de 3.000 millones de dólares anuales en la seguridad social, equivalente a casi medio punto del PBI (0,46%).
La controversia radica en el mecanismo de financiamiento: para nutrir este nuevo fondo de indemnizaciones, el Gobierno propone detraer 3 puntos porcentuales de las contribuciones patronales que actualmente se destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El mecanismo: ¿Quién paga realmente el fondo?
El proyecto estipula que cada empresa del sector privado —exceptuando construcción y casas particulares— cree una cuenta individual administrada bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores.
·Aporte obligatorio: 3% de la remuneración bruta.
·Compensación fiscal: Se reduce en la misma proporción (3%) el aporte que el empleador hace a la Anses.
·Efecto neto: Para las empresas, el costo laboral se mantiene idéntico, pero el Estado deja de percibir esos fondos, transfiriendo el desfinanciamiento directamente a la caja de las jubilaciones.
Distribución desigual: ¿A quién beneficia la reforma?
Uno de los puntos más críticos del documento de Michel es la asimetría en el reparto de los beneficios de esta medida. El mercado laboral argentino muestra una concentración que inclina la balanza hacia las grandes corporaciones:
1.Concentración del beneficio: Apenas el 1,8% de los empleadores (empresas con más de 100 empleados) concentra el 50% de los trabajadores registrados y el 63% de la masa salarial total.
2.La brecha salarial: Mientras que en una pequeña empresa de hasta 10 empleados el sueldo promedio ronda el $1.000.000, en las firmas de más de 5.000 empleados el promedio se dispara a los $3.300.000.
3.Transferencia de recursos: Al basarse en un porcentaje del salario, el Estado termina financiando —vía renuncia fiscal— los fondos de indemnización más altos del país, beneficiando principalmente a los sectores de mayores ingresos, como el financiero o el petrolero.
Dato Clave: Las provincias ya aportan indirectamente al sistema nacional resignando 1,45 puntos del PBI. Este nuevo recorte sobre el SIPA agravaría una estructura previsional que, según el informe, no cuenta con partidas de compensación en el Presupuesto 2026.
Disparidades sectoriales en la mira
El informe también expone las enormes distancias salariales que condicionan el impacto del FAL. Mientras el sector de la enseñanza registra los haberes más bajos ($894.171), rubros como Petróleo, Gas y Minería promedian los $5,7 millones. Esta brecha implica que la desgravación impositiva para alimentar el fondo de indemnizaciones será exponencialmente mayor para las industrias más rentables, profundizando la transferencia de recursos desde la seguridad social hacia el sector privado concentrado.
