La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó al gobierno nacional que deje sin efecto la aplicación del decreto que quita los subsidios a los servicios de luz y gas a las y los usuarios de ingresos bajos y medios, lo que implicaría un marcado incremento en las boletas.

“Es una medida que provoca que miles de usuarios y usuarias caigan en lo que se llama pobreza energética, ya que quedan totalmente desamparados a la hora de pagar las facturas, lo que en un contexto de crisis y aumentos generalizados es la peor situación posible”, advirtió el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

En su reclamo, el organismo también le solicitó a la Secretaría de Energía de Nación que informe la cantidad de usuarios y usuarias que serían alcanzados por este esquema, que nivela desde junio a los de ingresos bajos y medios (N2 y N4) con los de ingresos altos (N1).

“Entendemos la realidad del sistema energético, pero siempre pedimos que las tarifas sean racionales y proporcionales para que las personas no sean la única variable de ajuste, sobre todo en un contexto en que la economía familiar está en jaque”, argumentó Lorenzino.
Con el decreto 465/2024 publicado ayer en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el gobierno nacional busca reducir gradualmente los subsidios en las boletas de luz y gas para “trasladar los costos reales” a las y los usuarios. La medida se aplicará desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y podrá ser prorrogada una única vez.

Esta reestructuración del esquema tarifario implicará subas significativas para los hogares que hasta el momento tenían subsidiados sus consumos energéticos.