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La reciente aprobación del Presupuesto 2026 ha desatado una ola de rechazo unánime entre los sindicatos docentes, universitarios y organismos de ciencia de Argentina. El eje del conflicto se centra en el Artículo 30, una cláusula que deroga los pisos mínimos de inversión garantizados por ley, dejando el financiamiento de áreas estratégicas a merced de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

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El Palacio Legislativo culmina el ciclo 2025 con estadísticas que evidencian una crisis de consenso institucional. Con un total de solo 13 normas sancionadas, el año se posiciona como el de menor rendimiento parlamentario de la última década. El balance arroja un dato inédito: durante el periodo de sesiones ordinarias, el Poder Ejecutivo no logró convertir en ley ninguno de sus proyectos originales.

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Siguiendo la estela regulatoria de Australia, el Gobierno federal alemán ha formalizado su postura respecto al uso de plataformas digitales en la infancia. A través de su ministro de Asuntos Digitales, Karsten Wildberger, el país europeo ha manifestado su intención de legislar restricciones estrictas, fundamentadas en la protección del desarrollo cognitivo de las nuevas generaciones.

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El Ejecutivo Nacional ha dado por finalizada la fase operativa de conversión jurídica para el universo de las compañías estatales. Bajo el amparo del DNU 70/2023, se ha completado la migración del formato "Sociedad del Estado" hacia la figura de Sociedad Anónima (S.A.), siendo la reinscripción de Ferrocarriles Argentinos el último eslabón de esta cadena burocrática.

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En una sesión maratónica marcada por intensos debates, la Cámara Alta convirtió en ley el Presupuesto 2026 este viernes. Por primera vez desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno Nacional contará con el instrumento financiero anual, tras operar sin presupuesto propio durante sus primeros dos años de mandato.

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