El protocolo SAIT-UFECO propone la investigación de conductas previas a un atentado mediante matrices de riesgo, reavivando el debate doctrinario sobre la criminalización de la disidencia política.

La difusión del manual de actuación para la persecución del terrorismo elaborado para el Ministerio Público Fiscal generó advertencias en el ámbito jurídico y en organismos de derechos humanos. La iniciativa promueve la detección temprana de posibles amenazas a partir del análisis de conductas y perfiles en etapas previas a la comisión de un delito, un enfoque que especialistas vinculan con la doctrina del "derecho penal de autor" y la evaluación de peligrosidad por sobre los hechos concretos.

El documento se suma al marco normativo fijado por la Ley 26.734 de 2011, cuya figura de "finalidad terrorista" ha sido objeto de cuestionamientos por la amplitud de sus términos y el margen de discrecionalidad en su aplicación. Asimismo, la metodología de indicadores encuentra paralelos internacionales en programas como el británico Prevent, criticado por expertos en libertades civiles por la dificultad de fijar parámetros objetivos sin afectar la libertad de expresión o patologizar posicionamientos ideológicos.

Contexto normativo e institucional

La presentación de la guía se produce en paralelo al fortalecimiento de la estructura de inteligencia y seguridad a nivel nacional:

·Creación de organismos: Implementación del Centro Nacional Antiterrorismo bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

·Facultades operativas: Reformas reglamentarias a la Ley de Inteligencia Nacional sobre procedimientos y reservas de actuaciones.

·Antecedentes judiciales: Causas recientes impulsadas en el fuero federal a partir de la interpretación de publicaciones, comentarios o expresiones vertidas en entornos digitales.

Si bien el texto de la guía SAIT-UFECO explicita salvaguardas vinculadas al principio de legalidad, proporcionalidad y libertad de pensamiento, analistas del derecho penal señalan que la efectividad de estas garantías dependerá del criterio de aplicación en el fuero federal y del contexto institucional en el que se dicten las medidas.