Jueces federales de cuatro provincias emitieron seis fallos que intiman a la Dirección Nacional de Vialidad a reparar de urgencia corredores críticos como las rutas 3, 7, 8, 11, 33 y 34. Aunque el fideicomiso Sisvial acumuló más de $1 billón colocado en instrumentos financieros para resguardar el equilibrio fiscal, las apelaciones del Estado, las nuevas concesiones y los plazos administrativos vuelven las resoluciones prácticamente imposibles de efectivizar sobre el asfalto.

La profunda crisis que atraviesa la infraestructura vial argentina llegó de lleno a los estrados judiciales. Contratos rescindidos, peajes congelados, obras públicas paralizadas, denuncias de corrupción acumuladas y la falta de una política integral para el sector derivaron en el peor estado de conservación de las rutas en décadas. Frente a este colapso, distintos magistrados del interior del país comenzaron a emitir sentencias que ordenan la reparación inmediata de diversos corredores nacionales, aunque en la práctica las resoluciones chocan contra un laberinto burocrático que vuelve las órdenes judiciales más declarativas que efectivas.

Uno de los fallos más recientes fue dictado por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, quien ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) reparar de manera integral y urgente las rutas nacionales 7, 8 y 33 en su paso por el departamento General López, en el sur de Santa Fe. La medida dio respuesta a un recurso de amparo impulsado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio en marzo de 2025, cuya resolución demoró 17 meses de trámite judicial.

Ruta Nacional 11 (Santa Fe): El juez federal Aldo Alurralde ordenó reparar más de 110 kilómetros entre Santa Fe y San Justo —tras una acción presentada por el diputado José Manuel Corral—, fijando señalización en tres días y obras mínimas en tres meses, fallo ratificado por la Cámara Federal en septiembre de 2025.
Rutas 11, 81, 86 y 95 (Formosa): El juez federal Pablo Morán otorgó un plazo de 90 días a la DNV para bachear, sellar fisuras y despejar banquinas, a instancias de transportistas, entidades civiles y la Defensoría del Pueblo.

Ruta Nacional 34 (Salta y Santa Fe): En noviembre de 2025, el Juzgado Federal de Tartagal ordenó intervenir 198 kilómetros entre Urundel y Salvador Mazza. Pese a que la Cámara confirmó la medida y el plazo venció en abril de 2026, la ruta sigue sin mejoras. En mayo de 2026, Cuello Murúa hizo lugar a otra cautelar sobre 50 kilómetros en el tramo santafesino (Curupaity, Monigotes y Palacios).

Ruta Nacional 3 (Buenos Aires): La Cámara Federal de Mar del Plata le concedió en julio de 2026 un plazo de 10 días a Vialidad y Corredores Viales para presentar un plan y 120 días para reparar el tramo entre Azul y Cacharí, tras registrarse 11 accidentes graves en seis meses.
La caja del Sisvial: $1 billón colocado en plazos fijos

Al momento de responder ante los estrados, el Estado nacional suele escudarse en restricciones presupuestarias y financieras. Sin embargo, los números oficiales desarman ese argumento a través del Sistema Vial Integrado (Sisvial), un fideicomiso financiado con impuestos específicos sobre los combustibles líquidos destinado por ley al mantenimiento de la red vial.

Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el Sisvial recaudó $1,5 billones, pero a la ejecución directa de obras viales solo se destinaron $394.406 millones, registrando una subejecución acumulada del 73,8%. Más de $1 billón terminó colocado en plazos fijos y títulos públicos para respaldar las metas macroeconómicas.
La estrategia fue ratificada por el vocero presidencial, Adrián Ravier:

“Una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”.

La brecha burocrática entre la sentencia y el asfalto
Especialistas en derecho administrativo advierten que, pese a la existencia de fondos específicos, el Estado cuenta con una batería de herramientas procesales para dilatar el cumplimiento de las órdenes judiciales:

Criterio de prioridad: Vialidad sostiene que la asignación de recursos entre los miles de kilómetros de la red federal es una facultad técnica y política que le compete exclusivamente al organismo y no al Poder Judicial.

Nuevas concesiones: En corredores como las rutas 7, 8 y 33, los tramos fueron entregados en concesión por 20 años mediante la resolución 1149/2026, por lo que el Estado argumenta que las obras ya están contempladas en los planes de los nuevos operadores privados.
Tiempos de contratación: La confección de proyectos ejecutivos, pliegos, llamados a licitación, adjudicaciones e instalación de obradores demanda procesos reglamentarios que suelen extenderse por años.

De esta manera, la discusión sobre el colapso de las rutas nacionales queda atrapada en una puja administrativa, judicial y presupuestaria, postergando una solución estructural para una red vial deteriorada y sin mantenimiento adecuado.