A través de un nuevo decreto, el Ejecutivo busca profundizar la doctrina de seguridad en las fronteras, ampliar las exigencias de visas y reglamentar las restricciones impuestas por el DNU 366/2025.
El Gobierno nacional ultima los detalles de un nuevo decreto que transformará la Dirección Nacional de Migraciones —organismo bajo la órbita del Ministerio de Seguridad— con el objetivo de dotarla de un perfil más policial y restrictivo. La norma, que se publicaría en el corto plazo, busca consolidar el giro iniciado en mayo de este año con el DNU 366/2025, marcando un quiebre definitivo en la tradición migratoria del país.
Hacia una "doctrina de seguridad dura"
Desde el Ejecutivo confirmaron que la iniciativa tiene como fin fortalecer el rol del organismo en la vigilancia fronteriza. “Se apunta a una doctrina de seguridad más dura”, señalaron fuentes oficiales. El nuevo esquema otorga a Migraciones mayores facultades para realizar análisis exhaustivos de antecedentes y endurecer los requisitos de ingreso, especialmente para ciudadanos provenientes de países catalogados como de “baja vigilancia”.
Entre los cambios más significativos que se evalúan, destaca la ampliación del listado de países a los que se les exige visa. Actualmente, Argentina requiere este visado a diversas naciones de Asia y África, pero la nueva reglamentación podría sumar nuevos estados a esa nómina para reforzar el control preventivo.
El impacto del DNU 366/2025: Salud, Educación y Ciudadanía
Esta reforma completa el marco normativo establecido en mayo, que ya había introducido cambios drásticos en el acceso a derechos básicos para extranjeros:
Arancelamiento de servicios: Los extranjeros sin residencia regular ya no acceden de forma gratuita a la salud y educación. En el sistema sanitario, la gratuidad quedó limitada estrictamente a casos de emergencia.
Deportaciones: Se agilizó el proceso de expulsión para aquellos extranjeros condenados por delitos cometidos en territorio nacional.
Restricciones a la ciudadanía: Para obtener la nacionalidad argentina, ahora se exige una residencia continua de dos años sin salidas del país. Como señaló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Quienes permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía”.
De ente gestor a organismo de control
Históricamente, la Dirección Nacional de Migraciones funcionaba como un ente administrativo encargado de gestionar residencias y trámites de ciudadanía. Sin embargo, bajo la actual gestión, el organismo ha mutado hacia un rol operativo de control migratorio.
Además de los controles de seguridad, el Gobierno ha incluido incentivos como la “ciudadanía por inversión” para atraer capitales extranjeros, contrastando la apertura económica para inversores con las restricciones sociales para la migración irregular. Con este nuevo decreto, el Ministerio de Seguridad busca cerrar el círculo de una política que prioriza el control fronterizo como un pilar de la seguridad nacional.
