La justicia administrativa de Villa La Angostura ha dictaminado una histórica penalización económica tras constatarse la destrucción de un sector boscoso a orillas del río Correntoso. Los responsables de un predio privado deberán abonar cerca de $67 millones como consecuencia de una intervención ilegal que vulneró severamente el ecosistema local.

​El alcance del daño

​La investigación municipal, iniciada tras detectar irregularidades frente al camping mapuche, reveló una intervención no autorizada que abarcó una superficie de casi 1.400 metros cuadrados. Entre las infracciones más graves se identificaron:

​Poda y extracción: Se constató la eliminación de 15 ejemplares de arrayán —especie protegida y símbolo de la región— junto a la pérdida de cuatro coihues jóvenes.

​Alteración del terreno: Se ejecutaron movimientos de suelo y la apertura de caminos internos sin ninguna clase de permiso o estudio de impacto previo.

​Perjuicio forestal: Las excavaciones comprometieron la estabilidad radicular de otros árboles que permanecen en el terreno.

​Sentencia y plan de remediación

​El informe técnico oficial clasificó los hechos como un "Daño Ambiental Puntual 3 Permanente". Ante la magnitud del agravio y la desobediencia a notificaciones administrativas previas, el Tribunal de Faltas fijó una multa de 41.200 N, que al cambio actual representa una cifra de $66.950.000.

​Más allá del costo financiero, los infractores han sido obligados a ejecutar un plan de recuperación ambiental supervisado por la Dirección de Ambiente local, que incluye:

​Reforestación compensatoria: Obligación de plantar 20 ejemplares de flora nativa en los puntos determinados por los expertos.

​Regularización técnica: La exigencia de poner en regla toda la documentación de obra pendiente.

​Monitoreo: Apertura obligatoria del predio para que los inspectores ambientales fiscalicen el avance de las tareas de mitigación.