A través del Decreto 564/2026, el Poder Ejecutivo nacional promulgó de manera oficial la Ley 27.818, que aprueba los acuerdos de conciliación definitivos con los fondos Bainbridge y Attestor. Con un desembolso conjunto de 171 millones de dólares, la República Argentina pone fin a los últimos litigios remanentes que mantenía abiertos ante los tribunales de Nueva York por los bonos soberanos que cayeron en cese de pagos hace un cuarto de siglo.
La normativa, que había recibido sanción definitiva en el Congreso el pasado 24 de junio, fue rubricada por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli. Su instrumentación busca despejar de forma definitiva el horizonte legal y financiero del país en el exterior, apuntando a facilitar el regreso a los mercados internacionales de crédito.
Los detalles de los acuerdos con los fondos litigantes
La ley convalida los convenios técnicos firmados originalmente en abril de 2026, dividiendo las obligaciones en dos grandes frentes judiciales que tramitaban en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska:
Acuerdo con Bainbridge Ltd. (Artículo 1º): Contempla un pago único y total de 67 millones de dólares a favor de esta sociedad radicada en Bahamas para dar por cerrado el expediente "Bainbridge Fund Ltd. v. The Republic of Argentina".
Acuerdo con el grupo Attestor (Artículo 2º): Involucra un desembolso de 104 millones de dólares. Este consorcio de acreedores abarca además a firmas como Trinity Investments, Polos Capital Management (por los fondos Bybrook) y Redwood Capital Management, junto a sus respectivas afiliadas.
Liberación del colateral Brady: Al margen del pago directo, el convenio con el grupo liderado por Attestor destraba un "Monto Asegurado" de 96 millones de dólares más sus rendimientos acumulados. Se trata de fondos correspondientes a garantías de bonos Brady que permanecían embargados en Nueva York y sobre los cuales la jueza Preska ya había fallado a favor de los demandantes en julio de 2025.
El fin de una era de litigios por los bonos en default
Los reclamos de Bainbridge y Attestor formaban parte de los denominados "holdouts" o fondos buitre; acreedores remanentes que rechazaron ingresar a los masivos canjes de reestructuración de deuda soberana de los años 2005 y 2010. Al optar por la vía judicial, acumularon durante décadas fallos favorables en la misma jurisdicción estadounidense donde se libraron históricas batallas legales contra fondos como NML Capital o Elliott Management.
A partir de la promulgación de la ley, las obligaciones financieras serán canceladas con recursos asignados a la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública. Como contrapartida inmediata, los fondos litigantes asumieron el compromiso de entregar la totalidad de los títulos públicos alcanzados por las demandas —incluyendo aquellos plazos que ya se encontraban prescriptos— para su inmediata e irreversible destrucción.
