La entidad encabeza el ranking de demandas ejecutivas contra clientes morosos. Jueces y fiscales detectaron que los montos reclamados superan hasta en un 300% los límites crediticios otorgados originalmente.
BUENOS AIRES.– Las estrategias de cobro y los instrumentos de financiamiento aplicados por el Banco Santander sobre los saldos deudores de sus usuarios de tarjetas de crédito quedaron en el centro de una investigación judicial. La entidad de capitales españoles se consolidó como la firma con mayor volumen de juicios ejecutivos iniciados en el fuero comercial contra clientes en mora, lo que motivó que diversos magistrados y fiscales comenzaran a auditar minuciosamente las tasas aplicadas.
Fuentes del ámbito judicial explicaron que este tipo de demandas civiles avanzan de manera acelerada debido a una particularidad procesal: la incomparecencia de los usuarios. Según detalló un camarista, los resúmenes bancarios no constituyen por sí mismos títulos ejecutivos. Para adquirir esa condición, requieren un procedimiento previo denominado «preparación de la vía ejecutiva». Al no presentarse los afectados a esta instancia de validación, la entidad crediticia obtiene de forma automática la vía libre para el juicio ejecutivo.
Sin embargo, las alarmas de la fiscalía se encendieron al constatar un patrón común en cientos de expedientes promovidos por el Santander. En los escritos analizados, los saldos reclamados por el banco exceden de manera recurrente el 300% de los márgenes de crédito que la propia institución le había aprobado a cada cliente.
Límites ficticios y el fenómeno del "anatocismo"
Las auditorías preliminares de las causas acumuladas sugieren que la entidad permitía una perforación constante de los topes de compra preestablecidos. De acuerdo con los investigadores, los saldos demandados duplican, triplican y en ocasiones quintuplican los límites nominales. Incluso, antes de ingresar formalmente en mora, los resúmenes reflejaban pagos mínimos que superaban dicho techo. Los fiscales sostienen que los límites no operaron como una barrera de contención financiera, sino como un parámetro nominal modificado unilateralmente para engrosar deudas legalmente ejecutables.
Por otra parte, los tribunales evalúan críticamente los planes de financiamiento forzoso (como los sistemas de cuotas Plan V o AMEX), donde se detectaron indicios de anatocismo, es decir, la capitalización de intereses o cobro de intereses sobre intereses.
Esta presunta irregularidad se encuentra plasmada en expedientes testigos del año 2026:
Juzgado N° 16 (Expediente 4923/2026): Se investigan tasas de interés compensatorio del 160% anual. En este caso, la usuaria registraba un límite conjunto en sus tarjetas de $6.110.200, pero la demanda del Santander asciende a $22.025.652,62, superando el triple de lo permitido.
Juzgado N° 19 (Expediente 10316/2026): Los dictámenes registraron refinanciaciones con un interés anual del 223,31%. Mediante incrementos de topes no solicitados, las cuotas del pago mínimo escalaron hasta triplicar el margen original del cliente. El usuario disponía de un límite de compra global de $15.250.000 y la cifra reclamada trepó a $56.157.422,31.
La postura corporativa y el impacto en los ingresos
En la vereda opuesta, la conducción del banco defendió el escenario actual del mercado crediticio. Durante la convención financiera Inside Argentina 2026 realizada a inicios de mayo, el CEO de Santander Argentina, Alejandro Butti, señaló que el sector atraviesa un proceso de normalización internacional. Si bien reconoció que la tasa de morosidad muestra un sendero alcista concentrado en el consumo de individuos, argumentó que bajo los esquemas inflacionarios previos las deudas a tasa fija se licuaban velozmente. Para el ejecutivo, la convergencia hacia tasas de interés reales vuelve previsible el incremento de las carteras en mora.
No obstante, desde los tribunales ligan de forma directa el sobreendeudamiento crónico a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación y al encarecimiento del dinero. Las fiscalías cuestionan que el Santander no haya aplicado alertas de riesgo ni bloqueos preventivos en las cuentas. Asimismo, se rastrean maniobras ligadas a operaciones consecutivas y atípicas validadas a través de plataformas virtuales como Mercado Pago, las cuales habrían inflado artificialmente los saldos en lapsos breves antes de trasladar las acreencias a la instancia de cobro judicial.
La crisis por el endeudamiento familiar con plásticos ya reviste carácter sistémico, al punto de que la banca pública —con el Banco Nación a la cabeza— debió lanzar líneas crediticias específicas para la consolidación de deudas con una TNA del 65%, una cifra que, aun así, se ubica por encima de las proyecciones inflacionarias de la economía oficial.
